Editorial
Ya es tiempo de poner coto a taxis piratas
Este tipo de asaltos son frecuentes y tienen en común la usual indefensión de las víctimas.
El 14 de mayo último se produjo un asalto que habría pasado prácticamente inadvertido para las autoridades y la opinión pública, de no haber sido porque dos valientes guardias privados, en ruta a su trabajo, se resistieron a ser víctimas del despojo de sus pertenencias y dinero. El atraco ocurrió en el Anillo Periférico, cuando tres individuos, piloto y dos supuestos pasajeros, a bordo un vehículo particular haciendo las veces de transporte colectivo —una actividad simplemente ilegal porque es repetitiva y hay un cobro de por medio— trataron de robar a otros dos pasajeros, los guardias, que iban armados y se defendieron. Lo ignoraban los malhechores y por eso dos terminaron muertos y uno, herido.
Este tipo de asaltos son frecuentes y tienen en común la usual indefensión de las víctimas, que van o regresan de su trabajo, necesitadas de un transporte público hacia su vivienda. Entre los hechos más denunciados durante 2023 se encuentran el robo agravado, robo de equipo terminal móvil, robo, hurto, agresión sexual y violación. Solo en 2024 van 69 denuncias por robo de celulares, 36 por robo agravado y 28 por hurto a bordo de los denominados taxis piratas; es decir, vehículos livianos que transportan personas sin contar con los permisos municipales y, menos aún, las supervisiones de estado mecánico o calificación de la licencia del piloto.
Se trata de un mayúsculo problema para las municipalidades, sobre todo del área metropolitana, que prácticamente han abdicado de su función reguladora. El afán pecuniario ha llevado a convertir el concepto de taxi en el de ruletero, pues los vehículos llevan hasta seis personas en un solo viaje, con una tarifa de entre Q10 y Q20, la cual deja pingües ganancias que no son auditadas ni reportadas al fisco, pese a ser un negocio.
Nadie está en contra del derecho a la libertad de empresa ni a la libertad de acción, pero el transporte de pasajeros bajo tarifa implica regulaciones de seguridad para estos y un compromiso de calidad, certificado por el Estado, para la provisión del servicio. El cruce de vacíos legales, entre la Ley de Tránsito, la de Transporte de Pasajeros y las disposiciones de 340 municipalidades deja un limbo de ambigüedad que a diario se convierte en un caos de competencias, deplorable estado de unidades, conductas imprudentes de pilotos y, por supuesto, el peligro de que los automotores, sin identificación ni sello ni numeración ni revisión sean guaridas ambulantes al servicio de criminales.
La pandemia agravó el descontrol, debido a la laxitud permisiva. Tenía sus justificaciones en aquel momento, pero ahora han cesado tales condiciones, por lo cual se hace necesario unificar criterios para crear la figura de taxis colectivos, distintos a los individuales, pero siempre sujetos a normas de conducta vial, seguro obligatorio para pasajeros, cualificación de pilotos y supervisión del estado físico de las unidades.
De sobra es sabido que pandilleros crean negocios de fachada para lavar dinero de extorsiones, entre estos “taxis” que no tienen la mínima mística de servicio ni la menor responsabilidad ética o legal de sus pasajeros. Si ello se asume o se supone sin ningún andamiaje legal, es una expectativa infundada e inauditable, y ya que viene a colación, inaudita. El viernes último, un “taxi” pirata, supuestamente de Mixco —sin permiso no tiene pertenencia ni demarcación— transportaba dos cadáveres en Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez. Dónde los iba a tirar o qué haya ocurrido antes en tal automotor es imposible saberlo, pero no debería haber más tolerancia al riesgo de este subregistro.