La fiscal Diana Salazar decidió que la vicepresidenta Verónica Abad sea procesada por el delito de concusión, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Su vinculación al caso Nene depende de que la Corte Nacional solicite la autorización de la Asamblea Nacional para levantarle la inmunidad y para esta se necesitan 92 votos.
Abad no es la primera vicepresidenta en estar relacionada con el delito de concusión. La primera fue María Alejandra Vicuña, segunda vicepresidenta de Lenin Moreno, quien fue condenada por ese delito en el caso Diezmos. Vicuña renunció al cargo el 4 de diciembre de 2018 luego de que el mandatario le retiró funciones.
¿Qué es concusión, el delito por el que la Fiscalía quiere procesar a Verónica Abad?
La sentencia de Vicuña en calidad de autora en el caso y por el delito de concusión quedó en firme en 2022. Fue encontrada culpable de recibir transferencias bancarias mensuales de tres de sus asesores en su cuenta personal, cuando era asambleísta por Alianza País. El monto que recibió era de $173.180 y lo habría utilizado como financiamiento del movimiento Alianza Bolivariana Alfarista (ABA).
Al principio, Vicuña fue condenada a dos años de prisión, pero luego la pena se redujo a un año.
El delito de concusión está entre los principales delitos vinculados a la contratación pública en el artículo 281 del COIP.
“Las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, determinadas en la Constitución de la República, sus agentes o dependientes oficiales que abusando de su cargo o funciones, por sí o por medio de terceros, ordenen o exijan la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas, serán sancionados con pena privativa de libertad de tres a cinco años. Si la conducta prevista en el inciso anterior se realiza mediante violencias o amenazas, la o el servidor público será sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años”, reza el artículo.
Fiscalía tendría 13 elementos para vincular a Abad
En el expediente del denominado caso Nene, la Fiscalía General del Estado tiene trece elementos con los que sustenta su intención de vincular a la vicepresidenta al proceso penal en el que es investigado su hijo Sebastián B. por presunta oferta de tráfico de influencias.
Uno de esos elementos es la ampliación de la versión del denunciante Rommel P., exfuncionario de la Vicepresidencia, quien indicó que Abad tenía completo conocimiento de los acuerdos y negociaciones.
El denunciante respaldó sus afirmaciones con copias de chats que habría tenido con la vicepresidenta.
Otro de los elementos es la versión de un exfuncionario de la Vicepresidencia, quien manifestó que Abad dispuso la contratación de Rommel P. como coordinador de Comunicación de la entidad, cargo que fue negociado.
Según la investigación, que surgió a partir de la denuncia de Rommel P., antes de asumir el cargo de coordinador de Comunicación, él fue citado a una reunión en un hotel en el norte de Quito, donde se encontraban Daniel R., asesor de Abad, y Sebastián B. Ellos le ofrecieron el puesto con una remuneración de $ 3.200, pero que de ese valor le ofrecieron un sueldo de $ 1.200.
Tras una conversación acordaron que Rommel P. recibiría como sueldo mensual $ 1.500 y $ 1.700 debía entregar en efectivo a Sebastián B. Para garantizar los pagos que debían obtener de Rommel P. le obligaron a firmar una letra de cambio por un valor aproximado a los $ 30.000.
Los otros doce elementos que contiene el expediente que relaciona a Verónica Abad son los siguientes:
- Versión libre, voluntaria y sin juramento de Mateo D., exfuncionario de la Vicepresidencia.
- Versión libre, voluntaria y sin juramento de Guillermo S., exfuncionario de la Vicepresidencia.
- Versión libre, voluntaria y sin juramento de Myriam B., exfuncionaria de la Vicepresidencia.
- Oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana que detalla las funciones que realizaba Verónica Abad.
- Oficio del Servicio Migratorio de Pichincha sobre los movimientos migratorios de la segunda mandataria.
- Oficio del director de Asistencia Judicial Internacional y de Movilidad Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores.
- Versión libre, voluntaria y sin juramento de Rómulo C., exfuncionario de la Vicepresidencia.
- Oficio del Departamento Operativo de Telecomunicaciones de la Policía Nacional con información del número telefónico a nombre de Verónica Abad.
- Versión libre, voluntaria y sin juramento de José N., funcionario de la Vicepresidencia.
- Versión libre, voluntaria y sin juramento de Douglas C., administrador de la suite del hotel en el que se habría dado la reunión entre Rommel P., Sebastián B. y Daniel R.
- Versión libre, voluntaria y sin juramento de Marco M., exsecretario general de la Vicepresidencia, quien indicó que la segunda mandataria dispuso la contratación del hoy denunciante en el cargo de coordinador de Comunicación de la Vicepresidencia
- Versión libre, voluntaria y sin juramento de Gruber Z., quien consta que es la persona que realizó el pago de una suite del hotel en cuestión, en donde se encontraba hospedado Daniel R. Indicó que en una ocasión le recomendó a la vicepresidenta hospedarse en ese establecimiento.
El expediente tiene un total de 829 fojas y nueve cuerpos. La documentación fue remitida a la fiscal general, Diana Salazar, para que se continúe con el trámite correspondiente.
Verónica Abad ha defendido la inocencia de su hijo y ha asegurado que las acusaciones en su contra son parte de una estrategia política para perjudicarla y sacarla del cargo. (I)