Hace poco días trascendió que alrededor de 1,3 millones de personas esperan operaciones, procedimientos o consultas. Además, que la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) había indicado en una sesión de la Junta Directiva, sobre las listas de espera: “No avanzamos… y la gente se está muriendo… No tenemos capacidad, o si la tenemos, lo hacemos mal”.
Para cubrir las contingencias de la enfermedad y la maternidad, la CCSS no necesita poseer, administrar ni construir hospitales ni clínicas.
En países del primer mundo, frecuentemente, los centros médicos son propiedad de los llamados Real Estate Investment Trust (REIT) o fondos de inversión especializados que, entre otros, compran inmuebles y los alquilan, con servicios o sin ellos, y así obtienen rendimientos para sus inversionistas.
La construcción y la administración de los hospitales y clínicas asignadas a la CCSS obedeció a la circunstancia histórica de que únicamente esta institución tenía el músculo financiero para llevar a cabo tales actividades y universalizar los servicios de salud. Las circunstancias son ahora otras.
La CCSS podría vender sus hospitales, clínicas y Ebáis a fondos de inversión inmobiliarios o fideicomisos para que estos los administren. La venta se efectuaría a través de una ley que, a la vez, autorice a los fondos de pensiones, con excepción del IVM, a adquirir preferentemente las participaciones en el mercado, de manera que los trabajadores costarricenses (usuarios de los hospitales y clínicas) sean sus propietarios y reciban, en consecuencia, la rentabilidad por estas inversiones.
La CCSS, por su parte, recibiría una muy considerable cantidad de dinero de las ventas de los inmuebles y la utilizaría para reforzar el IVM y el SEM.
Como entidad aseguradora que es, la CCSS solamente pagaría por los servicios hospitalarios y la atención médica prestada, tarifando, mediante convenios con las sociedades administradoras de fondos de inversión o fideicomisos, el costo de los bienes y servicios.
Los afiliados seleccionarían el centro médico de su preferencia, en competencia entre ellos por la clientela. Esta medida es posible ejecutarla, incluso, en este momento, sin el traspaso de los hospitales y clínicas, de manera que los centros de atención médica compitan por sus presupuestos. Sin duda alguna, los asegurados recibirán una mejor y más oportuna atención médica.
Tampoco hay una razón por la que los costarricenses tengan que acudir a las clínicas u hospitales a retirar medicamentos cuando podrían hacerlo en la farmacia más cercana.
Los medicamentos que compra la CCSS a sus proveedores podrían ser dispensados por farmacias privadas, unidas a través de un sistema para su control y distribución. La CCSS, incluso, sería capaz de brindar la opción a los asegurados de adquirir medicamentos no genéricos o no incluidos dentro de los que adquiere, y pagar la diferencia de precio en las farmacias que realicen la distribución, es decir, mediante un copago.
La seguridad social no se trata de quién sea el dueño de los instrumentos por medio de los cuales se brindan sus servicios, sino de la eficiencia y efectividad de los que presta a los ciudadanos, sin distinción.
Valdría la pena hacer los estudios económicos y financieros de un esquema como el propuesto para valorar su costo-beneficio.
Yanni Sterloff es abogado experto en regulación de los mercados financieros y pensiones.
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Alrededor de 1,3 millones de personas esperan operaciones, procedimientos o consultas. Foto ilustrativa. (Mayela López)