Los postulantes Daniel Frías, Byron Guillén y Jorge Ballesteros quedaron fueron del concurso de méritos y oposición para designar a la primera autoridad de la Defensoría Pública, por resolución adoptada este 3 de junio por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
En el caso del postulante Daniel Frías Toral, el CPCCS conoció y aceptó su renuncia voluntaria al concurso de oposición y méritos.
Respecto a los dos postulantes del proceso de designación del Defensor del Pueblo, Byron Guillén Zambrano y Jorge Ballesteros Ballesteros, se evidenció una transgresión del principio de probidad, siendo uno de los requisitos obligatorios, cuya acreditación debe ser observada por los consejeros y consejeras y por la ciudadanía.
Lo que está en juego en el concurso del Defensor Público, que afronta atrasos y cuestionamientos
En el caso de Byron Guillén, según el informe jurídico, se descalificó su postulación por haber incurrido en causales determinadas en el reglamento vigente, relacionadas con los certificados laborales, pues se concluyó que el impugnado presentó documentación cuyo contenido resulta contradictorio en relación a los períodos de ejercicio profesional.
Además, la Fiscalía anunció que abrió de oficio una investigación contra Guillén por supuesto lavado de activos cuando era juez nacional.
Al postulante Jorge Ballesteros se detectó una supuesta falsificación de documentos para la postulación del cargo, incumpliendo lo determinado en el artículo 54 del reglamento para la Selección y Designación de la primera autoridad de la Defensoría Pública.
La vicepresidenta Mishelle Calvache explicó que el principio de probidad notoria debe demostrarse en la conducta del postulante en el desempeño de su campo profesional. Es decir que debe tener un desempeño honesto y leal antes y durante la función o cargo que va a desempeñar.
Tras la salida de los tres postulantes quedan en el concurso para designar a la máxima autoridad de la Defensoría Pública: Inés Martiza Romero Estévez, Wilson Guillermo Ortega Caicedo, Ricardo Wladimir Morales Vela, Yolanda Magdalena Yerovi Nogales, Margarita Virginia Gualotuña Cruz y Jorge Anibal Torres Farinango.
La sesión sesión se suspendió y quedó pendiente conocer el informe jurídico sobre la apelación a la resolución emitida por la Comisión Ciudadana de Selección sobre impugnación presentada por Carlos Gustavo Bravo Hernández en contra de la postulante Inés Maritza Romero Estévez.
El siguiente punto pendiente de resolver por parte del CPCCS es el referente a la verificación por inhabilidad del postulante Wilson Guillermo Ortega Caicedo, dentro del proceso de selección y designación de la primera autoridad de la Defensoría Pública mediante concurso de oposición y méritos con veeduría e impugnación ciudadana.
Guillermo Ortega Caicedo es juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), y al momento es ponente en el recurso de apelación presentado por el movimiento Construye en contra de la sentencia emitida por el juez electoral, Ángel Torres Maldonado, quien el 18 de abril de 2024, quien mediante sentencia ordenó la cancelación del registro permanente de organizaciones políticas al movimiento de la lista 25, por no presentar el informe económico financiero del ejercicio fiscal de 2022.
El Código de la Democracia en el quinto inciso del artículo 20 establece que “los consejeros o consejeros y las juezas o jueces electorales que se encuentren en funciones, no podrán presentarse a ningún concurso para otros cargos estatales”. (I)