En los dos años de gobierno, el tiempo se ha desperdiciado en la búsqueda de razones para contravenir, entre otras, la nueva Ley de Contratación Pública, en vigor desde finales del 2022, no hace 60 o 70 años, cuando “la realidad nacional era otra”.
Hagamos el recuento. El 31 de agosto del 2023, año y medio después de haber recibido el 63 % de los votos limonenses para ganar la presidencia, Rodrigo Chaves fue a la provincia y afirmó haber logrado la aprobación de la Contraloría General de la República (CGR) de seis proyectos, porque echarlos a andar era tan fácil como redactar un reglamento. Se refería, entre otros, a una marina y un muelle de cruceros, de los cuales se habla por lo menos desde el 2007.
No existía tal “traba”. La CGR no tiene entre sus competencias dar avales a proyectos. La Contraloría aprueba las asignaciones presupuestarias en cada partida, no cada proyecto, porque esto último es responsabilidad de la administración. Por tanto, el Ejecutivo había fallado a los limonenses en capacidad de ejecución.
Pero el 16 de abril, Chaves volvió a Limón con los mismos proyectos. Esta vez arremetió contra la CGR y le atribuyó un criterio sobre el reglamento de alianzas estratégicas cuyo resultado es una supuesta “traba” a la construcción de la marina y la terminal de cruceros.
Un oficio de Japdeva, fechado el 13 de noviembre del 2023, es la mejor prueba de que la “traba” radica en otra parte.
En el documento, enviado por la presidenta de Japdeva, Sucy Wing Ching, a Rafael Picado López, gerente del área de Investigación para la Denuncia Ciudadana de la Contraloría, ella admite la recepción de un “recordatorio” de la Contraloría para cumplir la ley en todo el proceso y que el oficio parecía establecer una limitación a la aplicación del reglamento, pero no una nulidad. Es decir, no había “traba”.
En un segundo oficio, del 22 de marzo, la CGR envió otro documento con aclaraciones solicitadas por Wing y en él se reitera que el “recordatorio” es preventivo e informativo del órgano contralor con vistas a velar por el cumplimiento de los principios de contratación pública.
Por ende, si el reglamento está bien elaborado, se cuenta con la factibilidad y se obtiene el aval de Hacienda, no existe “traba” para seguir adelante con la licitación internacional, pero apegándose a la ley. La normativa nacional no impide el proyecto, el que tiene la responsabilidad de concretarlo es Japdeva.
El Estado de derecho suele ser una “traba” en otras latitudes. En Costa Rica, es una garantía para los ciudadanos y los políticos probos, nunca hasta ahora había sido utilizado como excusa para la ineficiencia.
La autora es editora de Opinión de La Nación.
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En dos años, el mandatario Rodrigo Chaves no ha podido cumplir la promesa hecha a los limonenses sobre el concurso internacional para la concesión de una marina y la terminal de cruceros.