El Ministerio de Trabajo pisa el acelerador para aprobar la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media cuanto antes. El departamento que dirige la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha enviado este viernes a los agentes sociales el borrador del anteproyecto de ley que pretende aprobar y que discutirán el lunes en una nueva reunión. El texto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, no plantea un aumento del tope de horas extraordinarias, ahora establecido en 80 horas anuales, como reclamaba la patronal para participar en el pacto. Este era el tema central de las discusiones, zanjado por parte de Trabajo con el borrador sobre la mesa.
Además, la norma plantea una mejora salarial proporcional de los empleados a tiempo parcial si siguen trabajando las mismas horas y obligará a las empresas a que el registro de jornada sea digital, lo que cierra la puerta a los tan discutidos registros de papel. Asimismo, las sanciones a las empresas se darán por trabajador con el que se incumpla, no por compañía, lo que multiplicará un castigo que hasta ahora era asumible para muchas empresas.
El principal cambio que introduce la norma, ya conocido, es la reducción de la jornada ordinaria a 37 horas y media semanales “de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual”. Es la misma redacción que ahora contempla el Estatuto de los Trabajadores, con la diferencia del número de horas. Esta nueva jornada ordinaria, que recorta dos y media respecto a las 40 en vigor desde 1983, entraría en vigor el 1 de enero de 2025. El borrador también precisa la bajada a 38 horas y media “desde la entrada en vigor de esta ley y hasta el día 31 de diciembre de 2024″.
Una de las principales reclamaciones de la patronal en la mesa de diálogo era que la normativa abriese la mano con las horas extraordinarias. Actualmente hay un límite de 80 horas anuales, tope que CEOE y Cepyme planteaban rebasar para tratar la reducción de jornada. CC OO rechazaba de plano esta opción y UGT solo se abrió a un leve incremento con un control mucho más exhaustivo y una mejora de la retribución por esas horas extra. “Para nosotros tiene muchas dificultades buscar elementos de compensación que pasen por incrementar las horas extraordinarias en nuestro país, que como es conocido es una lacra. Hay abuso del trabajo extraordinario, muchas veces impagado”, dijo el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tras la última reunión en el ministerio.
El próximo lunes habrá un nuevo encuentro con el texto de Trabajo como base de la conversación, en el que no se plantea ninguna medida a favor de aumentar el límite máximo de horas extra. Después de aquella reunión ya quedó clara la dificultad de que la patronal forme parte del acuerdo, ante la imposibilidad de alcanzar un consenso con los sindicatos, que sí están cerca de los planteamientos de Trabajo. Así, el escenario más probable es un nuevo acuerdo bipartito del Gobierno y las centrales, como viene siendo habitual. La única excepción en el último año es el acuerdo para garantizar la igualdad del colectivo LGTBI en las empresas, del que sí forman parte los empresarios.
Mejor retribución parcial
Una de las principales dudas en torno a la reducción de jornada era como aplicaría a los empleados a tiempo parcial, la gran mayoría mujeres (el 21% de las trabajadoras, frente al 6,6% de trabajadores). El texto que Trabajo ha hecho llegar a los agentes sociales indica que “tendrán derecho a seguir realizando el mismo número de horas de trabajo que viniesen efectuando”. Y se les deberá recompensar con un “incremento proporcional de su salario”. Así, una persona que ahora cobre 1.000 euros por trabajar 20 horas al mes en una empresa con jornada ordinaria de 40, si mantiene el número de horas pasaría a ingresar unos 66 euros más. De no haber tomado este camino, el salario de estos empleados se habría devaluado respecto al resto. Si la jornada ordinaria ya está establecida en 37 horas y media o menos, el cambio no modificaría el salario del trabajador parcial.
La norma también aborda la situación de las personas con jornada reducida, ya sea por cuidado de menores y dependientes o por causas económicas de la empresa: “Tendrán derecho a seguir realizando el mismo número de horas de trabajo que viniesen efectuando antes de la entrada en vigor de esta norma, con los efectos salariales previstos en el apartado anterior”.
Registro más potente
El borrador de Trabajo da un impulso decidido a la auditoría del tiempo de trabajo. En el ministerio vienen señalando que el registro horario actual, aprobado en 2019, no está consiguiendo atajar los abusos. De ahí que a partir de ahora se obligue a que el registro se haga “por medios digitales”, visto el fraude que se da en los de papel. Hay jurisprudencia en contra de estos registros tan rudimentarios, pero se siguen utilizando y la norma actual no les pone coto. Los sindicatos señalan que también se dan trampas en los sistemas electrónicos, aunque son menos comunes. El registro lo deberá efectuar el empleado “inmediatamente al comenzar y finalizar cada jornada” y de manera que la empresa “no pueda condicionar su contenido”.
“Para garantizar la autenticidad y la trazabilidad de los datos reflejados en el registro, éste deberá permitir identificar inequívocamente identidad de la persona trabajadora que realiza el registro”, agrega la norma, que introduce un apartado muy reclamado por los inspectores y sindicatos. Se asegura el acceso remoto de comités e Inspección de Trabajo y Seguridad Social al registro: “En todos los casos se garantizará el acceso mediante un sistema con interoperabilidad que permita compartir e intercambiar su información y sus datos”.
Ante este cambio de paradigma, Trabajo plantea una salvaguarda para los empleados: “Las personas trabajadoras no podrán resultar perjudicadas por practicar adecuadamente los asientos en el registro o por ejercitar cualesquiera otros derechos vinculados al registro de su jornada”. El tiempo de trabajo que supere el pactado para cada caso “tendrá la consideración, según proceda, de horas extraordinarias o complementarias”.
Estos cambios en el registro se complementan con una modificación en el régimen sancionador. Si se aprueba este borrador la compañía podrá ser sancionada por cada empleado con el que se demuestre un registro defectuoso, en vez de una multa global como empresa, ahora establecida entre 751 y 7.500 euros. El principal golpe económico ya era el de las cuotas no abonadas a la Seguridad Social, que sí diferencia por trabajador, a lo que ahora se sumaría un castigo específico en régimen sancionador.
Acuerdo antes del verano
Tras la última reunión tantos los sindicatos como Trabajo insistieron en que quieren conseguir un acuerdo antes de agosto, lo que sitúa el probable pacto en los próximos días o semanas. “Tengo la intuición de que CEOE quiere demorar los tiempos, esperando a ver si llega el otoño, con la presentación de los presupuestos, se enreda la situación en Cataluña y hay un adelanto electoral y no hay reducción de la jornada laboral”, dijo el líder de CC OO, Unai Sordo, este jueves en el marco del curso de verano organizado esta semana por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, acusó a la patronal de introducir “ruido y humo” en la negociación “con mala intención”, aludiendo al pronóstico que hizo el martes Garamendi de que si se modifica mucho la jornada laboral, el próximo Gobierno lo cambiaría.
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