El abogado César Calderón informó este martes 28 de mayo que se suspendió la audiencia programada en la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones, donde se abordaría la recusación de la jueza Karen Chinchilla, encargada del caso penal en el que están sindicados los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Los magistrados del TSE se presentaron ante la Sala Cuarta de Apelaciones para conocer la recusación que presentó el Ministerio Público (MP) contra la jueza Chinchilla. Sin embargo, la audiencia fue suspendida.
Calderón explicó que la magistrada de la Sala Cuarta se excusó de conocer la recusación, lo que provocó la suspensión de la audiencia.
“La magistrada se excusó de conocer la recusación de la jueza y se suspendió la audiencia. Será en otra oportunidad”, indicó Calderón.
El abogado expresó que esta suspensión representa un retraso en el proceso y manifestó su deseo de que la audiencia se reprograme lo más pronto posible. “Es lo que deseamos porque el proceso debe avanzar”, afirmó.
Respecto al motivo de la suspensión, Calderón señaló que la magistrada argumentó “dudas sobre su imparcialidad” y decidió excusarse de celebrar la audiencia para conocer la recusación contra la jueza Chinchilla.
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Magistrados del TSE se presentan a la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones para asistir una audiencia de recusación planteada.@Guatevision_tv@prensa_libre pic.twitter.com/zjvRMnX4om
— Elmer Vargas (@evargas_gtv) May 28, 2024
El MP recusó a la jueza el 26 de marzo de 2024, y a la vez presentó una solicitud de retiro de derecho de antejuicio por la posible comisión de los delitos de prevaricato y abuso de autoridad.
Las acciones se presentaron basándose en una resolución emitida el 14 de marzo de 2024, en la que Chinchilla otorgó medidas sustitutivas a favor de los magistrados del TSE, quienes están bajo investigación por posibles irregularidades en la adquisición del programa informático para la Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) del proceso electoral 2023.
Según la Fiscalía de Delitos Administrativos, hay indicios de posibles ilegalidades en la compra del programa informático, que tuvo un costo de Q148 millones.
Los magistrados implicados, Irma Elizabeth Palencia Orellana, Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños, Ranulfo Rafael Rojas Cetina y Mynor Custodio Franco, se presentaron en tribunales el pasado 7 de marzo tras haber sido implicados en el caso y darse a conocer que tenían ordenes de captura en su contra.
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