Solicitantes de refugio viven calvario de hasta seis años en Migración

Hasta seis años tendrán que esperar muchas personas solicitantes de refugio para obtener una respuesta de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) debido a las más de 200.000 peticiones que la institución aún debe resolver.

“El estado de mora en el que se encuentran las solicitudes de más de 200.000 personas significa esperar entre 2 y 6 años como mínimo para la obtención de una respuesta positiva o negativa a su condición migratoria, representando un estado de indefensión jurídica e inestabilidad por la falta de una respuesta oportuna, mayor vulnerabilización a las personas y limitaciones de acceso a trabajo, salud y otros servicios esenciales”, señaló la Contraloría General de la República (CGR).

Esto ocurre, pese a que el artículo 200 de la Ley General de Migración y Extranjería le fijó un plazo máximo de tres meses a Migración para resolver las solicitudes de residencia, advirtió el ente fiscalizador en el informe de auditoría N° DFOE-GOB-IAD-00003-2024, del 10 de mayo.

El 90% de las solicitudes de refugio son presentadas por personas originarias de Nicaragua. El resto, principalmente, proviene de ciudadanos de Venezuela, Colombia y Cuba, afirmó la jefa de la Unidad de Refugio de Migración, Cindy Molina Mora.

La Contraloría calculó que, entre el 1.° de enero de 2017 y el 31 de octubre de 2023, solo el 14,58% de las 18.664 solicitudes resueltas durante ese período cumplieron con el plazo de tres meses indicado en la ley. En promedio, las peticiones tardaron 585 días en llegar a una conclusión; incluso, 16 casos se resolvieron después de 2.190 días (6 años).

El servicio a los solicitantes actualmente lo ofrecen seis funcionarios de la Unidad de Refugio y 22 profesionales cedidos por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Molina declaró que se espera que en el transcurso de junio se integren otros siete.

Marta Vindas González, directora de la DGME desde junio de 2023, argumentó en una entrevista con La Nación que la mora se debe a la falta de una estrategia institucional para atender el aumento de solicitudes. Esto causó la acumulación de casos, especialmente a partir de 2018, cuando se incrementaron las aplicaciones de personas provenientes de Nicaragua.

En abril de 2018, Nicaragua entró en una crisis profunda cuyas réplicas aún se sienten. Esto ocurrió después de que el gobierno de Daniel Ortega reprimiera las manifestaciones antigubernamentales encabezadas por estudiantes y que se extendieron a otros sectores debido a los 355 asesinatos provocados por las acciones del régimen.

“No tengo conocimiento de que se haya implementado una estrategia para atender ese aumento de esta lista de espera durante estos años”, mencionó Vindas. Aseguró que fue hasta mediados del año pasado que la institución comenzó a poner en marcha un plan para agilizar este servicio.

Contraloría: ‘Migración limita acceso al servicio’

La Contraloría también criticó a Migración por limitar el acceso al otorgamiento de la condición de refugio, ya que desde enero de 2023 implementó una nueva modalidad de atención por cita, habilitando solo 100 espacios diarios. Anteriormente, se recibía la totalidad de solicitudes que ingresaban a la institución.

A esto se suma que, a partir de marzo de 2024, la DGME redujo de cinco a tres los días de la semana habilitados para recibir nuevas solicitudes. Ahora estas gestiones se tramitan solo los lunes, martes y miércoles.

El informe concluyó que estas variaciones podrían explicar por qué durante 2023 ingresaron a Migración 52.000 solicitudes menos que las 86.788 recibidas en 2022. “Limitar el acceso se traduce en que personas que requieren del servicio se hayan quedado fuera del proceso y, por ende, no hayan podido optar por el otorgamiento de la condición de refugiado”, añade el documento. El documento no lo indica, pero, el 30 de noviembre del 2022 el gobierno de Rodrigo Chaves emitió un decreto que restringía las solicitudes de refugio. Al final, la Sala IV lo declaró inconstitucional por violar derechos humanos.

Al respecto, la jefa de la Unidad de Refugio, Cindy Molina Mora, afirmó que se cambió la forma de atención para ordenar la cantidad de personas en la plataforma y que los solicitantes puedan esperar el menor tiempo posible. Agregó que, si bien se limitó la atención a tres días, se aumentaron en 10 las citas diarias respecto a las atendidas durante los cinco días de la semana.

“Lo que se hizo fue redistribuir la cantidad de citas para esos días, para que jueves y viernes las personas que van a hacer trámites varios se presenten a refugio sin necesidad de una cita.

“Antes de hacer esta modificación de horario los usuarios venían tanto a primera vez como trámites varios prácticamente todos los días, entonces, la gente a veces venía a presentar un comprobante de huellas y tenía que esperar desde las 7 a. m. hasta las 11 a. m. para que le recibieran este documento mientras que ahora si vienen jueves y viernes a presentar ese documento la espera es mucho menor; podríamos decir que de media hora a una hora para entregar”, argumentó.

Molina explicó que debido a la falta de personal, tuvieron que ajustar la cantidad de personas que se atienden y negó que se haya actuado de manera arbitraria, después de que la Contraloría señalara en el informe que las variaciones en el proceso se efectuaron sin comunicación oficial y carecen de un sustento técnico o jurídico.

“No sé si la Contraloría no nos entendió cuando nosotros les explicamos; teníamos menos recursos y entre menos recursos tengamos, obviamente menor va a ser la capacidad de atención”, agregó.

La jefa de refugio también indicó que ya cuentan con un ingeniero industrial que hará las mediciones de tiempo para poder adecuar las citas y poder contar con el sustento técnico que les exigió el ente fiscalizador.

La Contraloría señaló a la DGME que a partir de una revisión de los instrumentos internacionales sobre la materia y de la legislación nacional, “no se evidenció una norma expresa que indique que se puede limitar el acceso al servicio de otorgamiento de la condición de refugiado en observancia de los derechos humanos y convenios internacionales”.

El ente resaltó la existencia de “una ineludible obligación de cumplir el derecho que ostentan las personas para solicitar el asilo o refugio” e indicó a la Unidad de Refugio de la DGME que “deberá recibir y procesar todas las solicitudes de la condición de refugiado, garantizar el acceso, el debido proceso y la no devolución, estableciendo los procedimientos, regulaciones o mecanismos de conformidad con el ordenamiento internacional”.

Igualmente, criticó que si bien la Unidad de Refugio cuenta con dos oficinas regionales, en las cuales las personas que así lo consideren pueden presentar su solicitud de refugio, el resto de procesos, como lo es la entrevista, se encuentran centralizados en las oficinas centrales de la DGME en la Uruca, es decir, las personas que requieren del servicio deben de trasladarse desde cualquier provincia hasta San José para continuar su trámite.

Servicio depende de personal cedido por ACNUR

La Contraloría también llamó la atención sobre la alta dependencia que tiene la Unidad de Refugio del personal cedido por el ACNUR, para poder mantener en funcionamiento el servicio.

El órgano fiscalizador concluyó que entre los años 2017 y 2023, el personal pagado por ACNUR, agencia de las Naciones Unidas (ONU) para los refugiados, siempre fue mayor que los funcionarios asignados por el Estado costarricense.

Por ejemplo, para el año anterior, se contó con cinco funcionarios públicos y 37 de ACNUR brindando la atención a las personas solicitantes, esto quiere decir que por cada colaborador de la Unidad de Refugio laboraron ocho profesionales cedidos por la agencia de la ONU.

La Contraloría concluyó que esta dinámica no es eficaz y requiere acciones inmediatas de mejora, “en virtud de que existe una dependencia operativa para la prestación del servicio”. El órgano señaló que esta dinámica supone un riesgo, ya que si ACNUR pone fin a la colaboración con Migración, esto puede generar un colapso del proceso.

Esto porque la ‘Carta de entendimiento para la prestación de asistencia técnica mediante la cesión temporal de personal’, firmada entre ACNUR y la DGME, señala que la agencia internacional puede “poner fin a la cesión unilateralmente y sin indemnización ninguna en cualquier momento”, en caso de que se limite, acorte o ponga fin al mandato o a su financiación, o en caso de que la continuación de la colaboración fuese contraria a sus intereses.

Al respecto, la jefa de refugio de la DGME indicó que “es muy difícil que ACNUR se vaya”, porque además de contar con el presupuesto, la institución está basando su estrategia de trabajo en las donaciones de ese organismo.

“Ellos tienen un mandato que es colaborar con los Estados, entonces, parte de la obligación del ACNUR no solo es ayudarnos a establecer perfiles o atraer información actualizada, sino que es cooperar para que las estructuras del gobierno que brindan refugio a las personas, tengan los recursos necesarios para poder procesar de forma eficiente la solicitud”, expresó Molina.

¿En qué consiste la estrategia de la DGME?

Mora explicó que la estrategia de Migración busca atender los casos pendientes y evitar que las nuevas solicitudes sufran más atrasos que los estrictamente necesarios.

Para ello, tienen prevista la contratación de más personal y la elaboración de perfiles que permitan dar una respuesta más rápida y eficiente a quienes tengan una alta tasa de probabilidad de recibir la condición de refugio.

Por su parte, la directora de Migración, Marta Vindas, agregó que se está apostando por una mayor automatización de los procesos, por medio de recursos informáticos que los usuarios puedan utilizar para tener un acceso más ágil y oportuno al sistema

“Hemos venido fortaleciendo también la capacidad de respuesta de toda la parte de oficinistas, de los técnicos y los profesionales en derecho, que son los que vienen a resolver los casos. Ha sido una sumatoria de esfuerzos que hemos venido aportando tanto desde la institucionalidad como con el apoyo de las donaciones de organismos internacionales, para mejorar el servicio”, expresó la jerarca.