El referéndum prometido como hito transformador del Estado se redujo a una reforma legal para permitir al Ejecutivo contratar obras “a dedo”, sin interferencias de la Contraloría General de la República. No es un jaguar. Cuando mucho, permitiría a los gobernantes hacerse el gato bravo con los recursos públicos.
No es que el felino anunciado por el presidente Rodrigo Chaves el 2 de mayo, en la Asamblea Legislativa, tuviera pintas de reforma profunda, pero al menos pasaba de gato casero con la incorporación de la venta del Banco de Costa Rica (BCR), la ley de jornadas 4-3, la de armonización eléctrica y hasta la eliminación de las tarifas mínimas de los colegios profesionales.
Hace mucho el mandatario dejó de hablar de otras consultas, como las relacionadas con pensiones, seguramente porque alguien lo convenció de leer la ley para informarse sobre las materias expresamente excluidas, pero hace poco prometió sorpresas, además de los proyectos enumerados a inicios del mes pasado ante los legisladores.
El contraste entre lo ofrecido y lo entregado el miércoles al Congreso obliga a abandonar las metáforas felinas para caer, de la mano de Esopo, en el diminuto protagonista del parto de los montes. Luego de alarmantes admoniciones, la montaña parió un ratón o, en la versión de Horacio, parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Quizá la segunda lectura de la ley informó al presidente de la necesidad de recoger más de 180.000 firmas por cada proyecto sometido a referéndum. Eso, afirmó, crearía riesgos de incurrir en un error y malograr el proceso, pero la transformación del jaguar en ratón no elimina los peligros. El único proyecto sobreviviente es tan irracional y desproporcionado que nada garantiza su permanencia después de los obligados exámenes de legalidad y constitucionalidad.
El fracaso de la promesa inicial del referéndum como hito transformador del Estado es un hecho, pero quizá sus fines siempre fueron más modestos. El fácil abandono de las demás iniciativas apunta a la libérrima contratación pública como objetivo primordial de la maniobra. El ratón, al parecer, importa demasiado.
Un proyecto de ley similar despertó poco entusiasmo entre los diputados, que no tardaron en identificar las oportunidades creadas para la corrupción. Ahora, el Ejecutivo les pide ayuda para trasladar la decisión a los ciudadanos, alegando su derecho a renunciar a la fiscalización del gasto público en aras de una eficiencia que no tardará en salir mal.
Armando González es editor general del Grupo Nación y director de La Nación.