Remesas, ciudadanos y deudas del desarrollo


Editorial

Remesas, ciudadanos y deudas del desarrollo

Para diciembre ya se hacen proyecciones que superan los US$20 millardos.

Las remesas enviadas al país por migrantes guatemaltecos a sus familiares continúan batiendo récords. Las oportunidades que les fueron negadas en sus comunidades, ya por falta de empleos, de espacios educativos o por las exacciones de bandas delictivas, se convirtieron en éxodo, en penuria indocumentada en suelo ajeno y, finalmente, en montos periódicos de dinero para contribuir a la subsistencia de hijos, padres, cónyuges, hermanos o todos los anteriores. Son al menos tres millones 200 mil los connacionales radicados en EE. UU., y según estimaciones estadísticas, un 70% envía dinero a sus seres queridos en el país. En solo cinco meses de este año se superó el total de remesas del 2017 y para diciembre ya se hacen proyecciones que superan los US$20 millardos.

La mayoría de esos recursos van a alimentación, compra de artículos de consumo, pagos para educación, construcción y pequeños negocios locales. Esto redunda a su vez en la economía de las localidades de receptores, así como en el producto interno bruto. Pero debe tenerse cuidado con el usual optimismo expresado por sucesivos gobernantes y burócratas al vender dicho crecimiento como un “logro”, pues las remesas están sujetas a múltiples factores, sobre todo de política en EE. UU., y la duración de la bonanza es impredecible.

En efecto, las remesas suelen tener fuertes repuntes, especialmente en año electoral, y más aún ante la posibilidad de la llegada de personajes como Donald Trump, que utilizan el tema migrante y una sistemática estigmatización como ariete discursivo de tintes casi xenofóbicos. No obstante, también el gobierno demócrata de Joe Biden ha comenzado a limitar el acceso al asilo con el afán de congraciarse con el votante que los republicanos buscan cautivar, incluyendo a hispanos residentes.

Investigaciones y estadísticas económicas apuntan a que las remesas contribuyen a reducir la pobreza extrema, pero tendrían un mayor potencial para impulsar el desarrollo si se contara con mejores opciones de asesoría, inversión y también costos más ventajosos para los remitentes. El tipo de cambio, así como las tarifas de remesadoras e intermediarios, han tenido pocas variantes, a pesar de la alta competencia, señalan informes de la Organización Internacional para las Migraciones.

Ante ese escenario y en plena era digital, crece el llamado a incrementar el uso de las transferencias digitales, es decir aquellas que prácticamente no pasan por la moneda física, sino que se utilizan mediante cuentas y tarjetas digitales, con un consiguiente ahorro operativo que contribuye a reducir costos. El desafío está en que la conectividad digital llegue a más personas, sobre todo en áreas rurales, no solo para la acreditación de los fondos enviados, sino para su utilización en expendios de aldeas y pueblos: todo un reto logístico y cultural cuya viabilidad podría generar nuevas oportunidades de negocio.

También es necesaria una respuesta eficaz del Estado de Guatemala en reciprocidad al aporte de ciudadanos que dejaron tierra y familia en busca de oportunidades. Ese sacrificio existencial y laboral ha sido elogiado por autoridades desde hace tres lustros, pero la calidad de la atención en servicios consulares, emisión de documentos y acceso a derechos políticos no ha caminado con igual presteza. Si los migrantes están generando recursos en municipios y aldeas sería meritorio garantizar sus derechos ciudadanos. Al fin y al cabo, lo más importante no son las cifras monetarias, sino los ciudadanos que labran un desarrollo allí donde la política fracasó en su obligación de propiciar el desarrollo integral.



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