La Unión Europea (UE) es el tercer mercado de destino de las exportaciones costarricenses, después de Estados Unidos y Centroamérica. El bloque de 27 países enfrenta con frecuencia protestas públicas de productores agropecuarios y otros sectores contra las normativas ambientales, principalmente por las disposiciones establecidas en el Pacto Verde.
Esta situación provoca alerta en los exportadores costarricenses sobre el rumbo de las colocaciones hacia este destino.
Las manifestaciones más recientes ocurrieron el 4 de junio en Bruselas, capital de Bélgica y sede de las principales instancias políticas y administrativas de la UE.
Los productores reclaman por la aplicación de disposiciones ambientales, consideradas excesivas, en un contexto electoral, ocurrido el fin de semana pasado, en el que se elegirían a 720 eurodiputados.
El Pacto Verde europeo incluye un paquete de iniciativas políticas que buscan colocar a la UE en el camino hacia una transición ecológica y lograr la neutralidad climática en el 2050. El acuerdo, lanzado en diciembre del 2019, incluye normativas sobre clima, medio ambiente, energía, transporte, industria, agricultura y finanzas sostenibles.
El sector exportador costarricense sigue con detalle el desarrollo de los acontecimientos por las posibles repercusiones.
José Antonio Salas, presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica (Crecex), asegura que se mantienen vigilantes de este contexto por las posibles secuelas que surjan.
En el 2023, las exportaciones hacia la UE, de acuerdo con datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), totalizaron $3.334 millones. Holanda, Bélgica, España, Italia y Alemania fueron los principales destinos.
Las colocaciones hacia Estados Unidos se ubicaron en $8.219 millones y a Centroamérica sumaron $3.496 millones, con Guatemala a la cabeza.
Salas refiere que las protestas afectarán el flujo de las exportaciones desde suelo tico si conllevan cambios en las normativas y regulaciones de comercio vigentes. Además, las cadenas logísticas y de suministros podrían verse afectadas si los reclamos suben de intensidad. La Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco) coincide con esta visión.
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El jerarca considera que cualquier trastorno en el orden público genera efectos en la percepción de los consumidores.
“Este tipo de trastornos podría variar el comportamiento de la demanda de nuestros productos por parte de los consumidores europeos, porque se están demandando nacionalismos, y eso genera incertidumbre porque el consumidor tiende a proteger el mercado local”, señaló.
Por su parte, Víctor Pérez, presidente de Cadexco, agrega que si este movimiento de oposición logra reducir la prioridad de las políticas ambientales en Europa, es posible que haya una disminución en la financiación para proyectos verdes internacionales, lo que podría significar menos recursos para iniciativas ambientales en Costa Rica apoyadas por fondos europeos y además se verían afectadas las inversiones nacionales.
“Las empresas costarricenses que invirtieron en cumplir con altos estándares ambientales podrían enfrentarse a una competencia desleal si los productos menos sostenibles ganan terreno en el mercado europeo debido a la relajación de normas”, refiere Pérez.
La Nación envió consultas sobre este contexto a la delegación de la UE en el país; al cierre de esta nota, se estaba a la espera de una respuesta.
Dificultades para planificar exportaciones
Añade que la incertidumbre sobre la continuidad de las políticas ambientales europeas podría dificultar la planificación a largo plazo para exportadores costarricenses, afectando su capacidad para cumplir con los requisitos de exportación.
Por otro lado, Pérez indica que este contexto podría obligar a los ticos a diversificar sus mercados y buscar nuevas alianzas comerciales para reducir su dependencia del mercado europeo.
No obstante, el vocero expresa que si las normas se vuelven menos estrictas, Costa Rica podría tener la oportunidad de ingresar a mercados en los que antes era más difícil competir debido a los altos estándares ambientales.
Además, el país encontraría menos barreras no arancelarias para sus productos. “La posible relajación de estas normas podría reducir los costos y mejorar la competitividad de los productos costarricenses”, sostiene.
De acuerdo con los registros de Crecex, en el 2023 los principales productos agrícolas exportados desde Costa Rica fueron banano, piña y café oro.
En el caso del banano, la UE significa el 51% del mercado de la fruta.
Jorge Sauma, director ejecutivo de la Corporación Bananera Nacional (Corbana), detalla que los reclamos que suceden en Europa en algún grado podrían ayudar para encontrar acuerdos que den balance a posiciones extremas.
Sauma manifiesta que el sector bananero viene trabajando en la sostenibilidad ambiental desde hace 30 años, con cero deforestación y con la ampliación de las áreas boscosas, estimadas actualmente en 14.500 hectáreas. Sin embargo, si la normativa de la UE obliga, en este momento, a la eliminación de agroquímicos sin un sustituto, el control de ciertas plagas se vería afectado, lo que tendría un impacto relevante.
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Vinicio Sandí, profesor de la Escuela de Relaciones Internacionales, Comercio y Negocios de la Universidad Nacional (UNA), refiere que actualmente el entorno político de la UE apunta hacia el apoyo para Centroamérica, y una prueba de ello es la entrada en vigencia el 1.º de mayo pasado del Acuerdo de Asociación entre ambas partes, firmado en el 2013, además de coincidir en la implementación de políticas ambientales.
Sin embargo, menciona que Costa Rica aún enfrenta un uso considerable de agroquímicos en la producción agrícola, lo que pone en riesgo a las exportaciones nacionales hacia ese mercado.
Sandí estima que la UE garantizará una producción agrícola sostenible con la normativa vigente, razón por la cual el país está obligado a encausarse en este camino, priorizando la transformación de procesos para no quedar relegada en el mercado europeo.
Duayner Salas, especialista en comercio internacional de la Universidad de Costa Rica (UCR), sostiene que el sector agrícola en la UE tiene un peso mínimo en el producto interno bruto, pero es muy fuerte en términos políticos. No obstante, cree que, a pesar de los reclamos, las autoridades no van a retroceder en la aplicación del Pacto Verde.
“La afectación no va a estar derivada de las manifestaciones en Europa sino en la medida que no nos alineemos a los estándares, si no lo hacemos vamos a tener dificultades”, opina.
El especialista valora que Costa Rica lleva ventaja para adaptarse a estos requerimientos respecto a las naciones centroamericanas, debido a la legislación ambiental que viene aplicándose y por tener como referencia los parámetros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
Salas subraya que los reclamos de los productores europeos, además de dirigirse contra la actualización de las normativas que plantean las autoridades, van hacia las importaciones que llegan a la UE, bajo el argumento de que atentan contra la competitividad de la producción de los países del bloque.
Este aspecto lo desestima porque las regulaciones en cuestión son aplicadas sin restricciones geográficas y tienen un alcance global, bajo la premisa de no discriminación.
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Los productores agrícolas europeos vienen reclamando contra el Pacto Verde, que incluye normativas sobre clima, medio ambiente, energía, transporte, industria, agricultura y finanzas sostenibles. En la fotografía, una manifestación en Bruselas, Bélgica, el 4 de junio pasado. (SIMON WOHLFAHRT/AFP)