Alejandro Vargas Ramírez, el oficial de la Fuerza Pública asesinado este miércoles en Quepos, había participado horas antes en una audiencia en los tribunales de ese cantón para testificar en un caso que investiga a un grupo por posibles vínculos con el narcotráfico. Esta información fue confirmada por fuentes policiales y por la hermana del agente, Alicia Vargas.
Vargas, de 35 años, tenía 9 años de servicio policial y el miércoles, a las 6 p. m., habría concluido sus labores y salió hacia su vivienda. Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), él viajaba en su motocicleta cuando fue interceptado por dos sujetos que también se desplazaban en moto. Uno de ellos sacó un arma y comenzó a disparar, provocando que perdiera el control y derrapara.
El agente quedó en el suelo y a la llegada de la Cruz Roja fue declarado fallecido, con disparos en la espalda y una de sus piernas. El OIJ encontró casquillos de una pistola 9 mm en el lugar, los cuales fueron enviados a los laboratorios forenses.
“Su muerte parece ser una represalia; mi hermano siempre fue excepcional, le gustaba ser policía para hacer el bien; desde pequeño él era así”, afirmó Alicia visiblemente afectada.
Otro oficial de la Fuerza Pública, quien prefirió mantenerse en el anonimato, mencionó que Vargas fue un oficial con una conducta intachable.
Alejandro Vargas era oriundo de Cartago, pero registraba su domicilio electoral en Pueblo Nuevo de Parrita. Deja una hija adolescente de 13 años y a su compañera sentimental, quien es funcionaria judicial. Al cierre de esta publicación, ni la Fiscalía no había respondido a las consultas de La Nación sobre la diligencia en la que participó Vargas horas antes de su muerte.
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El oficial de la Fuerza Pública fue abordado este miércoles por dos sujetos que viajaban en una motocicleta; estos le dispararon cuando salía de su trabajo. (Foto suministrada por Keyna Calderón Masís) (Keyna Calderón Masís)
“Matan policías como matar perros”
En entrevista con este medio, Alicia Vargas aseguró que ella y su familia están consternados por el asesinato de su hermano, quien “estaba a solo 500 metros de llegar a su casa”. A nombre de sus allegados, la hermana pidió que se haga justicia, pues “ya son demasiados” los oficiales que han pedido la vida.
“La delincuencia acá tiene todos los beneficios; aquí parece que matan a un oficial y es como si mataran a un perro, les da igual y los responsables no dan la cara. A ver si funcionaran para algo; este país está mal”, aseveró Alicia.
Vargas se refiere a que, en menos de cinco meses, el país registra tres asesinatos de policías de la Fuerza Pública y no hay registros de una seguidilla semejante en el pasado.
El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) ha registrado el asesinato de tres oficiales de la Fuerza Pública, durante los primeros cinco meses del 2024, algo nunca visto en la historia de Costa Rica. Desde el miércoles por la noche, este medio intentó hablar con Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública, para que se refiriera al tema; sin embargo, indicó este jueves por la tarde que el caso lo atiende el director de la Fuerza Pública, Marlon Cubillo. El oficial no atendió los mensajes enviados por WhatsApp.
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Alejandro Rodrigo Vargas Ramírez quien era padre de una hija de 13 años según el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). (cortes)
Los otros dos oficiales que perdieron la vida fueron Jordy Rojas Zúñiga, de 28 años, quien fue acribillado a balazos poco después de salir de un gimnasio junto a su esposa, durante su día de descanso, el 18 de enero anterior.
En el momento del ataque, Rojas caminaba por la vía pública junto a su esposa cuando dos sujetos en motocicleta los interceptaron y dispararon en repetidas ocasiones. La mujer, de 26 años, resultó herida de bala en una pierna.
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Una semana después, Bryan Josué Oviedo, agente destacado en Garabito de Puntarenas, fue recibido por una “emboscada a tiros” por parte del grupo criminal que controla el barrio Las Parcelas de Herradura.
Ese día, durante la noche, la delegación Policial recibió una llamada sobre un incidente en la comunidad, donde individuos atrincherados realizaban disparos al aire mientras un hombre era trasladado a la fuerza y golpeado. Posteriormente, se activó la operación que culminó con el asesinato de un disparo en la cabeza de Rivera.
Crisis de inseguridad
La más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), publicada este miércoles, señala que la mayoría de la población percibió un deterioro en la seguridad del país, en los últimos 12 meses.
Ante la pregunta de si la seguridad está mejor o peor que hace un año, el 65% de los encuestados aseguró que está peor. Un 18% dijo que estaba igual y solo un 15% indicó que estaba mejor. El restante 2% mantuvo una posición neutral.
Esta encuesta se realizó mediante consultas telefónicas a 1.000 personas mayores de 18 años, entre el 29 de abril y el 6 de mayo anterior. El margen de error es de tres puntos porcentuales hacia arriba o hacia abajo.
Hasta este 9 de mayo, el país acumula 311 homicidios dolosos, siete menos con respecto al mismo periodo del 2023. Puntarenas lleva 57 crímenes, 13 más en comparación con el año anterior.