Pedro Rocha, recientemente proclamado presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) e imputado en la Operación Brodie, despidió el lunes por la tarde a Albert Luque, director deportivo, y a Rubén Rivera, director de marketing, según ha avanzado Relevo y ha confirmado este periódico. Para ambos, el fiscal pide un año y medio de cárcel por presuntas coacciones a la jugadora internacional Jennifer Hermoso. Según la acusación de la fiscalía, una vez que se produjo el beso no consentido del expresidente Luis Rubiales a Hermoso y “ante las consecuencias personales y profesionales que le podían acarrear, el acusado [Rubiales], por sí mismo y en connivencia con el resto de los acusados [Luque y Rivera], comenzaron a ejercer actos constantes y reiterados de presión directamente sobre la jugadora Jennifer Hermoso y a través de su familia y amistades con la finalidad de que, públicamente, justificara y aprobara el beso que contra su voluntad le dio Luis Rubiales”. Luque y Rivera habrían ejercido las supuestas coacciones durante el viaje a Ibiza en el que las jugadoras celebraron el título de campeonas del mundo logrado en Sídney unos días antes.
Ambos dirigentes ya habían sido apartados de sus puestos, pero Rocha no se ha atrevido a despedirlos antes para que no le acusaran de extralimitarse en sus funciones, motivo por el que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) le abrió un expediente por falta muy grave que aún está pendiente de resolverse mediante el archivo o una suspensión provisional por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD) o una definitiva del propio tribunal deportivo.
La depuración iniciada el lunes también se llevó por delante a Pedro González Segura, director de los servicios jurídicos de la RFEF, y a José Javier Jiménez, conocido como Jota, ambos detenidos en el marco de la citada Operación Brodie, que investiga irregularidades en los contratos de la federación durante el mandato de Rubiales y en los que se han podido cometer presuntos delitos de administración desleal, blanqueo de capitales, corrupción en los negocios y pertenencia a organización criminal. Rocha, que también es investigado en la causa, no ha aplicado a los despedidos la presunción de inocencia que él sí se concede.
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