El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, justificó la decisión de haber apelado el fallo judicial en el que se estableció que el río Machángara fue declarado como sujeto de derechos.
En mayo pasado se presentó una acción de protección ante la justicia para demandar la restauración de los derechos de ese afluente.
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Tras la audiencia, que se realizó el pasado viernes, grupos ecologistas y de la sociedad civil, informaron que la jueza del caso ha determinado que el Municipio capitalino es responsable por las vulneraciones de derechos de ese río y ordenó la implementación de un plan específico para su descontaminación.
El fallo, según indicaron, aborda la viabilidad de las plantas de tratamiento de aguas, tanto grandes como pequeñas.
Victoria Jaramillo, una de las impulsoras de la acción judicial, señaló que, de los 22 kilómetros que tiene de recorrido, recibe solo el 1 % de aguas tratadas en Quito, lo que implica que el 99 % restante es de aguas residuales, tanto industriales como domésticas, que se vierten directamente en sus cauces.
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La calidad del agua presenta un preocupante 2 % de oxígeno disuelto en algunos de sus tramos, muy por debajo del mínimo necesario para ser apto para el consumo animal y vegetal, que es de 80 %, precisó.
Muñoz, tras intervenir en su programa radial de los días lunes, mencionó que la Alcaldía no se ha opuesto al concepto de la acción de protección sobre ese afluente, sino que no coincide con el mecanismo.
A modo de ejemplo, explicó que si un juez determina que el Municipio tiene que repavimentar la avenida 10 de Agosto y no hay el dinero por más que haya un pronunciamiento judicial -que habrá que acatarlo- no hay las condiciones para hacerlo.
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Según el funcionario, más que la acción de protección para la Alcaldía es importante lo que están haciendo en materia administrativa.
Acotó que coinciden los objetivos, pues esa medida busca proteger al Machángara y están de acuerdo, sin embargo, se planteó si a través de lo que determine la justicia o lo que definan las áreas técnicas pertinentes.
Antes de que se emita la sentencia, sostuvo, aprobaron la estrategia de descontaminación de ríos. Para ello se invertirá unos $ 900 millones en los siguientes 17 años.
El proyecto contempla la construcción de 23 plantas de tratamientos, tres de las cuales tratarían el 100 % del agua urbana donde se genera más contaminación. (I)