El juicio de fondo de los casos Coral y Coral 5G, que imputa una presunta red de corrupción conformada por policías y militares, avanzó este jueves en la lectura del expediente hasta la página 682 de las más de 750 que deben ser leídas ante las juezas.
En total el expediente comprende más de tres mil páginas, pero las magistradas ordenaron al Ministerio Público solo leer la formulación directa de cargos y la calificación jurídica, para evitar contratiempos.
El Ministerio Público culminó de leer lo relativo a las implicaciones del presunto lavado de activos de Adán Cáceres, Julio Camilo de los Santos Viola y Torres Robiou y las empresas que alega utilizaron como testaferros en el sonado caso de alegada corrupción contra el Estado.
La jornada judicial se desarrolla en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional y es tutelada por las juezas Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo.
Los casos tenían ocho meses estacados debido a que los imputados se presentaban sin abogados, entre otros impases. Esta es la tercera audiencia del juicio de fondo y continuará el jueves 18 de julio a las 9:00 de la mañana.
En el expediente se atribuye la distracción de fondos públicos desde el año 2012 al 2020, con supuestas compras de raciones de alimentos, combustibles y en el nombramiento de policías y militares en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
La alegada red la encabeza, según el MP, el mayor general Adán Cáceres Silvestre y Juan Carlos Torres Robiou, respectivamente. Según explica el órgano fueron más de 4,500 millones de pesos la estafa contra el Estado dominicano.
En las audiencias anteriores, la presidenta del tribunal, Gisselle Méndez, acogió la petición del procurador adjunto Wilson Camacho de separar del proceso a las Asociación Campesina Madre Tierra y el Ministerio Jesús Vino, Viene y Vuelve, y declaró en rebeldía a René Azolón Vicioso, persona jurídica representante de Distribuidora TAFL y Distribuidoras KF. Suspendió el juicio para esas dos compañías y ordenó continuarlo para los demás encartados.
El proceso para la Asociación Campesina Madre Tierra y el Ministerio Jesús Vino, Viene y Vuelve está en el limbo porque la Defensoría Pública ha dispuesto no defender instituciones, sino únicamente a personas físicas. Esas entidades, acusadas de blanquear el dinero que presuntamente se sustrajo del Estado, alegan no poseer recursos para pagar abogados.
Los acusados
El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, presidido por la jueza Yanibet Rivas Méndez, dictó, en julio del 2023, apertura a juicio a 28 imputados, la mayoría policías y militares y algunos están acompañados en el proceso judicial junto a sus familiares, como es el caso del coronel Rafael Núñez de Aza, y el general de la Fuerza Aérea dominicana, Julio Camilo de los Santos Viola, exsubjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep).
La acusación está encabezada por los exjefes del Cusep y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre y Juan Carlos Torres Robiou, respectivamente.
Otros de los que forman parte de los imputados en el proceso penal son la pastora evangélica Rossy Guzmán Sánchez; el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa) y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
Asimismo, el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón, los generales Boanerges Reyes Batista (ARD) y el capitán de navío (ARD) Franklin Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón, entre otros.
El juicio de fondo también se conoce contra varias empresas, estas son Randa Internacional Company, Rawel Importadores; RG y Soluciones Financieras; Único Real State e Inversiones; Aldom Glass Aluminium; Asociación Campesina Madre Tierra; CSNA Universo Empresarial; Distribuidor KF; Distribuidora TAFL; Hacienda Kelman e Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo.