La Asamblea acaba de aprobar reformas que pretenden beneficiar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), con el propósito de asegurar la asignación directa y automática de los recursos permanentes y no permanentes a sus presupuestos y evitar lo que califican de “injusta” retención de la que acusan al Gobierno nacional.
El proyecto, aprobado con 106 votos, fue celebrado por la mayoría de asambleístas, alcaldes, prefectos y miembros de junta parroquiales, pero que en la práctica resulta otro acto de demagogia en medio de un ambiente pre electoral, con miras a los comicios presidenciales y legislativos de febrero del próximo año.
El Yasuní y dos noes
Según el proyecto, dentro de los últimos cinco días de cada mes, el ente rector de las finanzas públicas dará el detalle de la asignación que le corresponde a cada GAD y lo enviará al Banco Central. Una vez que reciba el detalle, automáticamente debería transferir a las subcuentas de los GAD los montos que corresponden. Esas transferencias deberían hacerse dentro de los primeros cinco días del mes entrante. Si no hay esos montos, la propuesta es que se pague, de acuerdo a lo que se les entregó el mes anterior, y luego se hará una reliquidación en el pago del siguiente mes.
En la reforma se establece un plazo no mayor a 90 días para que el Gobierno central se ponga al día. Ese pago deberá hacerse a través de una transferencia y los funcionarios que no cumplan con esta normativa podrán ser sancionados, inclusive con la destitución.
La ola que no debió ser
Cuándo se escucharán y se procesarán reformas que los mismos gobiernos locales debieran proponer para hacer autogestión y mejorar sus recaudaciones, directa e indirectamente, que en unos pocos casos algo hacen, pero no la mayoría. Solo dependen del papá Estado y de la entrega de sus asignaciones y a pretexto de ser autónomos no hay como ni observarles su manejo presupuestario, la mayoría con predominio del gasto corriente (sueldos) y escasa inversión social.
Cuándo serán eficientes y primero solucionan los acuciantes problemas de los ciudadanos, con buenos servicios básicos: la dotación de agua potable (no solo entubada), alcantarillado, recolección de basura, vialidad, colaboración con recursos aquellos que recaudan la tasa de seguridad, aunque la responsabilidad sea del gobierno central.
Hay gobiernos locales que por décadas han sido ineficientes y han tenido pésima gestión administrativa pese a los recursos recibidos como ocurre en provincias atrasadas, sin ofrecer buenos y oportunos servicios básicos. El caso de Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, El Oro, los de la región Amazónica, que contrasta con aquellos que funcionan en las principales ciudades y provincias del país.
Cuentan con empresas ineficientes (especialmente de agua potable, alcantarillado, recolección de basura, vialidad). Primero debieran rendir cuentas de lo que han hecho hasta ahora para solucionar esos problemas básicos y luego exigir más recursos, más allá de las asignaciones y deudas pendientes que tiene el Estado. La Contraloría debe cumplir sus auditorías con oportunidad y rigurosidad para determinar el correcto uso de los recursos públicos y evitar los malos manejos de los politiqueros que llegan a estos cargos y que ya están pensando en las próximas elecciones. (O)