Cuenta atrás para reformar la ley de extranjería y hacer obligatorio el reparto de menores migrantes no acompañados en todo el territorio nacional. El Gobierno culminará esta semana su ronda de conversaciones con las comunidades autónomas para cerrar el texto que espera tener aprobado antes de que termine el verano. Los calendarios, sin embargo, dependerán del apoyo del PP, que tiene el peso suficiente en el Senado para bloquear la iniciativa, y cuya postura ha sido especialmente dura en los últimos días. No se contaba tampoco con el respaldo de Vox, que desde el principio ha expresado un rechazo rotundo, mientras Junts ha exigido dejar a Cataluña fuera de ese reparto obligatorio.
Tras sondear el apoyo de los grupos parlamentarios, el Ejecutivo se reunirá ahora con los consejeros del ramo en una Conferencia Sectorial de Infancia convocada para este miércoles, 10 de julio, en Tenerife. Presidido por la ministra Sira Rego, el encuentro tendrá como objetivo pulir los flecos de una reforma que lleva meses negociándose con el Gobierno canario —del que forma parte el PP—, actualmente sobrepasado por la acogida de casi 6.000 menores migrantes no acompañados.
La propuesta que pondrán sobre la mesa plantea una modificación del artículo 35 de la ley de extranjería para que las comunidades autónomas estén obligadas a recibir un número determinado de menores migrantes (que dependerá de una serie de criterios) cuando un territorio de acogida sobrepase el 150% de su capacidad. En el caso del archipiélago, por ejemplo, supondría aliviar la comunidad con el reparto de 3.000 menores. Se trata de blindar por ley la ya bautizada como “solidaridad obligatoria” mediante un mecanismo vinculante para las administraciones autonómicas.
Tanto Canarias como el Ejecutivo central han reconocido en varias ocasiones la importancia de cosechar el mayor número de apoyos a su propuesta, ya no solo de los grupos, sino también de las propias comunidades, para que la iniciativa no sea posteriormente debatida o recurrida al Tribunal Constitucional (TC). Hasta ahora, las aguas se habían mantenido calmadas. No había habido mucho ruido en torno a la propuesta del Gobierno, salvo “pequeños matices” sobre cuestiones como la financiación, según manifestó el presidente canario, Fernando Clavijo, tras reunirse con los líderes de los partidos representados en el Congreso.
Feijóo modula su discurso
Pero Génova ha elevado el tono en los últimos días, en los que ha acabado adoptando una postura de absoluto rechazo a la reforma, recriminando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no traslade la “crisis migratoria” a las instituciones europeas. “Debemos coordinarnos a nivel europeo, acertar y darle una respuesta compartida. Los retos del fenómeno migratorio no pueden recaer únicamente en los países de entrada como España, Italia, Grecia”, defendió el miércoles el líder ‘popular’, Alberto Núñez Feijóo, quien apeló al “reparto equitativo de la responsabilidad” entre los Estados miembros ante la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
El cruce de reproches entre el Gobierno y el PP ha sido constante tan solo una semana antes de celebrarse la Sectorial y después de que el líder de la oposición se reuniera el lunes con la dirección del partido. Feijóo, que en los días previos había asegurado que “la solidaridad de las comunidades gobernadas por el PP está garantizada”, acusó después a Moncloa de fletar aviones y dejar a los migrantes “deambulando” por las calles. Más lejos fue su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, quien aseguró que España es un “coladero” de inmigrantes por la “dejadez” del Ejecutivo, a quien instó el jueves a desplegar las Fuerzas Armadas para impedir la llegada de cayucos.
El apoyo del PP, en manos de las comunidades
Con todo, el líder del Partido Popular ha rechazado imponer una postura a las 11 comunidades en las que gobierna para mantener la “autonomía” de sus barones y concederles libertad de criterio para que “defiendan sus intereses”. Habrá que ver, por tanto, cuál es la posición de cada comunidad el próximo miércoles, en la reunión que supondrá el paso previo para que el Gobierno envíe su norma al Congreso de los Diputados. El objetivo, según ha manifestado Torres en más de una ocasión, es tener aprobada la reforma antes de que finalice el periodo de sesiones, en agosto.
Pero para ello tendrá que depender inevitablemente del PP. En el caso de que la iniciativa llegue al pleno de la Cámara Baja a finales de julio —por el procedimiento de urgencia y en lectura única para evitar que pase por Comisión—, acabará necesitando también el visto bueno del Senado, en el que los ‘populares’ tienen mayoría. Por lo tanto, solo en el caso de que haya un pacto entre las dos principales formaciones de la Cámara (como ha ocurrido con la reforma del poder judicial) podría conseguirse cumplir con el plazo que se ha marcado el Ejecutivo, puesto que, como no hay sesiones en agosto, el PP podría paralizar la norma en la Cámara Alta para retrasar su aprobación devolviéndola al Congreso.
En cuanto al resto de formaciones, la postura general ha sido de apoyo a la iniciativa, salvo el rechazo frontal de Vox, que desde el primer momento se desmarcó de la medida y amenazó a los populares con romper las coaliciones que mantiene en cinco regiones del país (Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia). Luego está Junts, que avanzó que votará en contra de la reforma de la ley de extranjería si no incluye en el texto una disposición adicional que exima expresamente a Cataluña de la obligatoriedad de acoger a los menores migrantes no acompañados.
La “única solución posible” para el Gobierno
Esa “solidaridad vinculante” es, para el Ejecutivo, la respuesta para solucionar las sucesivas crisis migratorias en los territorios habituales de llegada, que en este último caso ha sido Canarias, pero que también suelen afectar a Ceuta, Melilla y Andalucía. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, defendió el miércoles que la reforma de la ley de extranjería es la “única solución posible” que han hallado tras haber intentado otras fórmulas que “no han terminado de funcionar”.
En esa línea defendió también la norma la ministra de Juventud e Infancia, quien recordó que las comunidades autónomas solo acogieron en 2023 un 15% del cupo de menores migrantes acordado y financiado por el Estado.