Luego que la Asamblea Nacional no dio paso a levantar la inmunidad del cargo de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad Rojas, es viable iniciar un juicio político, aunque dependerá de contar con un proponente y con los votos para su censura y destitución.
El juicio político en contra de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad Rojas, es una de las vías que le quedan por analizar al Gobierno de Daniel Noboa, no obstante, requeriría de contar con el respaldo de las dos terceras partes del pleno legislativo. El camino tiene obstáculos.
Este 14 de junio de 2024 se necesitaban 92 votos de los legisladores para levantar la inmunidad de Abad, como lo solicitó la jueza de la Corte Nacional de Justicia Daniella Camacho para que se la investigue por incurrir en un presunto delito de concusión, dentro del denominado caso Nene, en el que está involucrado su hijo.
Al contrario, hubo 75 voluntades que negaron el pedido de Camacho, provenientes de las bancadas Revolución Ciudadana (RC), el Partido Social Cristiano (PSC) y de Construye y Pachakutik (PK), que votaron divididos.
A favor de levantarle la inmunidad se pronunciaron Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados, a los que se sumaron algunas curules de Construye.
Con ello, la Fiscalía General podrá avanzar en la investigación contra Abad, pero cuando concluya su mandato, es decir, el 24 de mayo de 2025.
En la esfera política, una opción es llevar adelante un juicio político que requiere de un proponente, también de votos y de cruzar filtros institucionales como el de la Corte Constitucional (CC).
El artículo 129 de la Constitución permite a la Asamblea Nacional proceder con el enjuiciamiento político del presidente o vicepresidente de la República a solicitud de al menos una tercera parte de sus miembros, por tres causales:
- Por delitos contra la seguridad del Estado,
- Por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito; y,
- Por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia.
Adicionalmente, requerirá el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, en el que no será necesario el enjuiciamiento penal previo; y, para efectivizar la censura y destitución se requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea.
El asambleísta Ramiro Vela, de las filas de ADN, considera que en lo parlamentario no se puede hacer nada más y al contrario, lo que queda al Gobierno es esperar el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado a una consulta que hizo Daniel Noboa de si necesita pedir licencia sin remuneración para postularse nuevamente como candidato a la dignidad presidencial, tomando en cuenta que fue electo presidente para completar el periodo del expresidente Guillermo Lasso tras la disolución de la Asamblea el 17 de mayo de 2023.
«Creo que lo que tenía que hacer la Asamblea ya lo hizo, una mayoría que increíblemente no pensé que se iba a unir. Pero habrá que esperar el pronunciamiento de la Procuraduría», dijo Vela, quien considera que la posible candidatura presidencial de Noboa no debería contarse como una reelección, sino «ratificar que esta es una continuación de un gobierno que cayó y se dio la muerte cruzada. Al no haber reelección y al considerarse una primera elección, no habría necesidad de pedir licencia y que se encargue la Presidencia de la República», explicó.
Respecto de que la bancada oficialista empuje un enjuiciamiento político, Vela no descarta que ello acarrearía riesgos. «Para el juicio político también hay necesidad de los votos y acarrea más riesgos. No creo que sea el camino y sería innecesario con el momento que vive la Asamblea, porque no habría los votos», manifestó.
El legislador de Construye Jorge Peñafiel recordó que las condiciones de la legislatura para autorizar o no un proceso son políticas y en este caso, al ser la concusión un delito imprescriptible, se pueden esperar ocho meses para seguir la investigación.
«Las decisiones de la Asamblea son políticas y esas tienen que analizar el escenario y condiciones políticas y lo que es positivo para el país. Creemos que generar una inestabilidad es equivocado y además, este es un problema personal del presidente y no puede ser parte del debate nacional», reprochó Peñafiel.
Agregó que con la decisión tampoco se cumplieron los «deseos de persecución» del presidente Noboa en contra de la vicepresidenta Abad, quien actualmente se desempeña como embajadora en Israel.
Desde la bancada de la Revolución Ciudadana, Blasco Luna cree que sería posible iniciar una interpelación política, pero los tiempos para evacuarlo y sumar los votos será complejo.
«Por el momento no existe ninguna propuesta para un juicio político, pero por los tiempos que ello implica es complicado. De ahí, si alguien lo presenta, la bancada tendría que analizarlo y lo que hemos dicho: si hay las pruebas, no nos haríamos problema. Se analizaría respetando el debido proceso, porque no estamos para defender la corrupción», apuntó el parlamentario.
Para el legislador independiente Pedro Velasco (Avanza), el escenario para el primer mandatario está cuesta arriba.
Precisó que el artículo 129 de la Carta Política los faculta a iniciar un juicio político por la presunción de concusión, aunque es un camino largo de recorrer.
«En el pedido para levantar la inmunidad de la vicepresidenta Abad no hubo los votos, por lo que se correría el mismo riesgo para el juicio político. Quien desee plantearlo, con el derecho que le asiste, puede hacerlo. Sin embargo, al momento de votar, se requerirían 92 votos lo que será muy difícil sumar. El Gobierno lo tiene cuesta arriba este tema», manifestó Velasco.
La bancada oficialista de ADN no ha comunicado si habrá un siguiente paso a nivel político.
En un comunicado concluyeron que la posición de las fuerzas legislativas de oposición son un «pacto político corrupto en el que prevalecen la impunidad y los intereses partidistas sobre la justicia y la dignidad del país».
Este pronunciamiento se alineó con un documento divulgado por el Ministerio de Gobierno, en el que atribuyó la decisión a un «sucio pacto político en el que priman la impunidad y los intereses personales y partidarios».
El catedrático y analista Esteban Ron cree que es viable seguir un juicio político a Abad pese a que «va perdiendo fuerza».
Para un juicio político no se requiere de un proceso de investigación, de una sentencia… En este caso, lo que hay es otro tipo de evidencias. Sin embargo, lo que pasó podría ser una falla de la Fiscalía, que envió tres fojas y no un razonamiento probatorio», concretó. (I)