Editorial
Impacto de lluvias pone en jaque al Estado
Es necesario exigir celeridad y resultados ante las contingencias, pero también para dar una mano.
El cierre total de la autopista Palín-Escuintla mientras duren las reparaciones del socavón trajo un retroceso, temporal pero impactante, hasta la época en la cual la antigua carretera era la única conexión directa entre la capital y la mayor cabecera del sur. En aquellos tiempos ya era sensible la necesidad de una ruta de doble carril, pues las filas eran usuales. Pero el asunto tiene un factor adicional: el parque vehicular se ha triplicado y esta afluencia se refleja en el complicado flujo de vehículos livianos, de pasajeros y de carga. Es el primer impacto de las lluvias del 2024 que, a su vez, exhibe la necesidad de retomar o proseguir proyectos de nuevas vías alternas, para no tener que recurrir solo a las preexistentes, que solo evidencian la negligencia de cinco gobiernos previos.
Es imposible saber ahora cuál será el costo en pérdidas por consumo adicional de combustible, retraso en cargamentos y desajustes logísticos, tanto para el comercio interno como para las importaciones y exportaciones. En todo caso, la celeridad para aminorarlo depende directamente de la reapertura de la ruta, cuyo mantenimiento quedó a cargo del Estado por decisión del expresidente Alejandro Giammattei, quien decidió no renovar la concesión de pago, en abril del 2023, en plena campaña electoral.
En fin, en este momento siguen lloviendo problemas a la administración de Bernardo Arévalo, dadas las complicaciones suscitadas en las últimas 48 horas en al menos 12 departamentos debido a deslaves y hundimientos en otras carreteras, inundaciones en comunidades, daños en viviendas, crecidas de ríos, en el descomunal inicio del invierno. El 8 de mayo último se lanzó el protocolo de reacción en temporada de lluvias; en este momento sería útil tener ya un informe de acciones.
Pero no se trata solo del Ejecutivo. En el Congreso, ciertos diputados, sobre todo distritales, que disfrutan del exhibicionismo de supuestas fiscalizaciones, deberían presentar informes de situación de sus respectivas demarcaciones, no para hostigar, sino como un servicio a sus comunidades y como parte de un constructo de inteligencia para la atención de riesgos. Sí, deben auditar las acciones del Ejecutivo, pero a la vez encargarse de proveer los contextos necesarios y alertas asertivas.
La población guatemalteca que habita en áreas de riesgo debe estar actualizada de los protocolos de emergencia. Existen áreas de inminente desastre o que ya han sufrido tragedias anteriores, pero que siguen habitadas, tal el caso del asentamiento denominado Dios es fiel, bajo el puente El Naranjo. Tal área, en la cual dos familias fueron arrastradas por una crecida del río el 25 de septiembre del 2023, iba a ser desalojada para resguardar la vida de otros pobladores, pero la jueza Judith Secaida suspendió temporalmente el operativo, para dar voz a los vecinos, dijo. Una tragedia nunca avisa y ojalá el retraso no traiga consecuencias infaustas. Estas evacuaciones nunca serán recibidas con beneplácito, pero en ellas media la misión del Estado de resguardar vidas. No se actuó así en casos como El Cambray 2; el área se siguió poblando y ocurrió el infausto deslave del 2015.
Aún es muy temprano para poder vaticinar alivios o agravamientos de esta temporada invernal. Lo más probable es que se amplíe el mapa de municipios afectados, dada la saturación de suelos. Las acciones de alerta y atención de damnificados abarcan también a las alcaldías, que deben estar desprovistas de cualquier tinte clientelar; pero eso sí, sujetas a cuentadancia. Es necesario exigir celeridad y resultados ante las contingencias, pero también para dar una mano.