La decisión del Consejo de Administración Legislativa (CAL), tomada con cinco votos de siete miembros, de suspender el proceso de sustanciación del juicio político en contra de la fiscal del Estado, Diana Salazar, por presentar un alto riesgo de su embarazo, también se reflejó a nivel de las bancadas legislativas donde la mayoría presentó apoyos a excepción del movimiento de la Revolución Ciudadana (RC), proponente de la interpelación.
La legisladora Gissela Garzón (RC), y proponente del juicio político a Salazar manifestó que es increíble que ante las urgencias que tiene el país los titulares de las diferentes funciones del Estado no sean capaces de ponerse de acuerdo para que la “gente deje de morirse, pero sí para tomar una decisión, independientemente de los derechos que tiene garantizada toda mujer”. En términos de tiempo, el juicio planteado a la Fiscal, sería procesado en febrero de 2025, anotó.
Esther Cuesta y Viviana Veloz se abstuvieron en votación para suspender juicio político contra Diana Salazar
CAL resuelve suspender temporalmente el juicio político a la fiscal Diana Salazar
La representante de Pichincha dijo que hasta el momento se agotaron todas las etapas del proceso de juicio político contra la Fiscal Diana Salazar, esto es, la presentación, verificación de requisitos y se estaba a la espera que inicie el proceso, y “mi preocupación de fondo es esa, qué agilidad que hay entre las instituciones del Estado para ponerse de acuerdo en esto, y no para precautelar mínimas condiciones de seguridad en las provincias más difíciles”.
Garzón recordó que el juicio político contra Salazar, incluye 13 motivaciones, entre las que se destacan omisiones, demoras y una justicia selectiva en casos como León de Troya, Encuentro, INA Papers y la ineficiencia administrativa de la Fiscalía. Estos procesos involucra a los expresidentes Lenin Moreno y Guillermo Lasso, sus familiares y colaboradores cercanos. Por lo tanto, dijo que la falta de celeridad y probidad por parte de la Fiscalía no es solo una omisión, sino una acción política que se debe investigar.
Ya que ahora el tema del embarazo se pone a debate, señaló Gissela Garzón, “ojalá la Fiscalía del Estado actúe en las cerca de 2 mil niñas menores de 13 años de edad que resultan embarazadas cada año y que se entiende por principio que han sido violadas”.
Su coideario Ricardo Ulcuango manifestó que la Revolución Ciudadana siempre ha respetado el derecho a la vida, y si el CAL tomó la decisión de suspender el inicio del proceso de juicio contra la fiscal, se debe acoger la resolución, pero aclarando que queda únicamente suspendido, por lo tanto, es temporal.
Señaló que cuando se trata de las personas que pertenecen a la Revolución Ciudadana nunca hay perdón, esto en relación a las ex asambleístas Viviana Bonilla y Pamela Aguirre, que enfrentaron procesos judiciales y tuvieron que enfrentarlos en estado de gestación, “pero la justicia está dirigido para atacar a un solo sector y no para todos”.
Adriana García legisladora independiente e integrante de la Comisión de Fiscalización donde se procesan los juicios políticos comentó que el hecho de suspender el juicio político a la fiscal Diana Salazar, por su delicado estado de embarazo es acertado, porque debe prevalecer la vida ante situaciones políticas.
El asambleísta Lucio Gutiérrez del Partido Sociedad Patriótica (PSP), considera que los “tiempos de Dios son perfectos”, y cree que lo del embarazo es un muy buen motivo para dejar a la Fiscal General del Estado trabajar con tranquilidad, porque si la Asamblea no está fiscalizando, “por lo menos no deberíamos hacer olas para una persona valiente que de manera heroica está develando toda la narco política, narco justicia y la narco corrupción que hay en el país”.
La representante de Pachakutik, Fabiola Sanmartín manifesto que frente al estado de gestación del alto riesgo de la fiscal, Diana Salazar, es oportuna la decisión del Consejo de Administración Legislativa de suspender el inicio de la sustanciación del juicio político, aunque comentó que debería retomarse más adelante.
También el asambleísta del movimiento Construye , Paúl Buestán, comentó que en el país se protege la vida tanto de la madre como la del que está por nacer, y que es injusto que la fiscal Diana Salazar, asista a un juicio político cuando su estado de embarazo es de riesgo.
Lo aprobado por el CAL, es lo más justo, apuntó Buestán, quien comentó que la suspensión del inicio del trámite de juicio político a Salazar, es temporal mientras mejore la situación de salud de la Fiscal. Ratificó que el movimiento Construye respalda a la Fiscal del Estado y que ese decisión no ha sufrido ninguna alteración.
César Umajinga, (SUMA-ADN) y miembro de la Comisión de Fiscalización dijo que la Fiscal tiene su apoyo y que la petición de suspender el inicio de proceso por su situación delicada de salud es parte de su derecho humano.
Como parte de la Comisión de Fiscalización anunció que acogerá lo resuelto por el Consejo de Administración Legislativa y que continuarán con los demás juicios una vez que se apruebe el informe del juicio político al exministro del Interior, Juan Zapata, seguirá el juicio al expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán.
Umajinga considera que el procesamiento del juicio político a la fiscal sería para el próximo periodo legislativo, porque también se debe esperar el proceso de gestación y periodo de lactancia. Durante el periodo de embarazo no se puede retomar el juicio, lo cual marca un prescedente.
El socialcristiano Otto Vera justificó la resolución del CAL de suspender el inicio del proceso de juicio político contra la Fiscal, más aún que el cargo que ostenta implica una alta carga de estrés sumada a las continuas amenazas a su vida y el secuestro cotidiano que enfrenta por parte de su círculo de seguridad.
El juicio político deberá cumplirse en algún momento por el alto riesgo de salud de la encausado, y lo que se tendría que ver son los tiempos para retomarlo, pero anticipó que este proceso podría quedar para el siguiente periodo legislativo, es decir, luego del mayo de 2025. (I)