Tuve el honor de presidir la Contraloría General de la República durante 15 años, entre 1972 y 1987. Una gran responsabilidad que procuré ejercer con apego a los principios éticos y al marco legal, y gracias al apoyo de un equipo de funcionarios altamente calificados y comprometidos que han formado parte de esa institución.
Al remontarnos a los orígenes de ese órgano del Estado costarricense, resulta evidente la inestabilidad que las distintas versiones de entes fiscalizadores experimentaron durante los primeros 130 años de vida republicana.
Esa inestabilidad no era más que el reflejo de la incomodidad que producía en los gobernantes la idea del control sobre el uso de los fondos públicos.
No fue hasta 1949 cuando los miembros de la Asamblea Constituyente decidieron crear la Contraloría General de la República (CGR) otorgándole rango constitucional, blindándola de esa forma de los caprichos y presiones de la política.
Pretensiones de debilitar la Contraloría
No sorprende por ello que 75 años después de la promulgación de nuestra carta magna y de la creación de una de las más importantes instituciones del Estado costarricense, un gobierno que ha demostrado desprecio por los principios rectores de la Administración Pública y las normas de contratación administrativa busque debilitar y neutralizar al órgano contralor.
Por definición, el papel de la Contraloría es “incomodar” a quienes gobiernan. No con la intención de obstruir o evitar el avance de obras y proyectos necesarios para el desarrollo nacional, sino para garantizar que se ejecuten con apego a las reglas que han fijado nuestra Constitución Política y nuestras leyes.
Solo sometiendo las decisiones y los procesos administrativos a los principios de legalidad es que podemos aproximarnos al ideal de gobernar con ética, justedad y transparencia.
Evitar la corrupción
Durante los años que ejercí el cargo, fueron innumerables los casos en que me correspondió atender y en varios de ellos se logró prevenir la corrupción y el despilfarro, gracias a la actuación oportuna del ente contralor.
No siempre se consiguió hacerlo, dado que no faltan quienes encuentran rendijas en el entramado legal para deslizar sus ilegítimas intenciones; peor sería si en lugar de trabajar por cerrar esos vacíos, les abrimos boquetes a los mecanismos de control, como se pretende hacer.
Prueba de ello es que algunos de los casos más sonados de proyectos cuestionados son los que se han hecho mediante mecanismos de contratación directa a la luz de situaciones de “excepción y emergencia”, en los que se margina a la Contraloría, como el denunciado recientemente por el mismo presidente de la República, relacionado con los arreglos en la pista del aeropuerto Daniel Oduber Quirós.
Debate riguroso
No por haber dejado el cargo de contralor hace ya muchos años ignoro las complejidades que se han venido acumulando en el ejercicio de la función pública, y comprendo la necesidad de emprender ajustes al marco normativo sobre el que se asienta el Estado costarricense para responder de manera más ágil y eficientemente las demandas ciudadanas.
Pero, para ello, aconsejo promover un proceso de riguroso debate, sobre la base de la jurisprudencia emitida y con la participación de los mejores expertos del país.
Hacerlo en el marco de reiterados ataques al ente contralor y a una funcionaria ejemplar como ha sido Marta Acosta, entrelazados con intentos fallidos por sacar adelante proyectos fuera del marco legal, lo único que genera es alarma y suspicacia.
El autor fue contralor general de la República de 1972 a 1987.
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Algunos de los casos más sonados de proyectos cuestionados son los que se han hecho mediante mecanismos en los que se margina a la Contraloría, como los arreglos en la pista del aeropuerto Daniel Oduber Quirós. Foto cortesía del Sindicato de Profesionales de Control de Tránsito Aéreo (Sitecna) / Para fines ilustrativos. (Cortesía)