El juez de Barcelona que investiga la supuesta trama rusa vinculada con el procés independentista catalán descarta que los encausados en este asunto puedan beneficiarse de la ley de amnistía porque sobre ellos pesa un delito de alta traición. En ese expediente está Carles Puigdemont y el también diputado de Junts per Catalunya Francesc de Dalmases y atendiendo a esa condición de aforados el juez, Joaquín Aguirre, eleva el caso al Tribunal Supremo. El secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha denunciado que se trata de una “persecución” y ha manifestado que “la cúpula judicial tiene secuestrada la democracia”. Turull, en declaraciones a RAC1, ha subrayado que nada altera el plan de Puigdemont, que ha asumido el compromiso de regresar a Cataluña cuando haya un debate de investidura en el Parlament, con independencia de que sea él o no el candidato.
La Audiencia de Barcelona ordenó el mes pasado al juez Joaquín Aguirre poner fin a la instrucción de la “trama rusa” del procés, en alusión a las supuestas maniobras del entorno del expresident Carles Puigdemont para lograr el apoyo de Rusia a la independencia de Cataluña. La Audiencia consideró que la última prórroga dictada por el instructor no se ajustaba a derecho. Joaquín Aguirre, según una información adelantada por el diario Abc, deniega a los investigados la aplicación de la amnistía. Esgrime que los delitos que puede englobar el caso, alta traición, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal, escapan a la previsión de la ley. Ahora, deberá ser el Supremo quien decida como evoluciona la causa.
Hace tres semanas, el juez Aguirre ordenó que, una vez concluida “la parte esencial” de la instrucción, procedía elevar una exposición razonada para que el tribunal competente se encargue de las dos personas que tienen condición de aforadas: el expresident catalán y candidato a la presidencia de la Generalitat Carles Puigdemont, huido de la justicia española por el 1-O, y el diputado de Junts per Catalunya Francesc de Dalmases. Otras 11 personas sí tienen ya la condición de investigadas, también por malversación y traición. Además del expresidente de la Generalitat Artur Mas, hay sobre todo gente del círculo de confianza de Puigdemont: su abogado, Gonzalo Boye; su asesor, Josep Lluís Alay; el exresponsable de relaciones internacionales de CDC, Víctor Terradellas; la exmiembro del Govern Elsa Artadi.
La lista la completan empresarios, activistas y hasta periodistas que supuestamente conocían o participaron en encuentros entre el Ejecutivo catalán y personas cercanas al Gobierno ruso, siempre según la tesis del juez. Entre estos últimos se cuenta el popular Carles Porta, responsable de Crims, programa estrella del true crime en Cataluña. El juez, además, ha dado un plazo (de solo dos días) a las partes para que se pronuncien sobre si los hechos son susceptibles de ser amnistiables.
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