Bolivia recupera poco a poco la normalidad. El país ha vivido este miércoles una jornada de máxima tensión ante el temor de que pudiera triunfar el golpe de Estado que ha intentado llevar a cabo una parte del Ejército. Tres horas después del asalto de los militares a la sede del Ejecutivo, el presidente, Luis Arce, ha logrado mantener el control y frustrar así el levantamiento.
La asonada se produjo sobre las 15.00 horas (21.00 hora peninsular), cuando un grupo de soldados rebeldes, liderados por el hasta este martes Comandante General del Ejército, José Zúñiga, tomó las calles de La Paz y ocupó la Plaza Murillo.
Lo hicieron fuertemente armados y con el despliegue de varios tanques, uno de los cuales tiró abajo las puertas del Palacio Quemado, sede del Ejecutivo, para intentar hacerse con el control del Gobierno.
El presidente, Luis Arce, que ya había denunciado unas horas antes movimientos irregulares del Ejército, condenó rápidamente el levantamiento militar e hizo un llamamiento a la movilización ciudadana para intentar frenar el alzamiento y defender así la democracia. “No podemos permitir que retornen las intentonas golpistas”, declaró con fuerza desde la Casa Grande del Pueblo, un edificio próximo a la sede del Ejecutivo. “Llamamos al pueblo a movilizarse y a mantener la calma porque todos los bolivianos juntos vamos a evitar cualquier intento de golpe de Estado”.
Zúñiga, que compareció ante los medios de comunicación congregados en la Plaza Murillo, amenazó con “cambiar el gabinete de Gobierno”. “Estamos molestos por el ultraje que hay, basta”, detalló con fiereza vestido con el uniforme militar. Desde allí, aseguró además que quería establecer una “verdadera democracia” y que pretendía “liberar a todos los presos políticos”, incluyendo a la expresidenta interina Jeanine Añez, el gobernador opositor Luis Fernando Camacho y a “todos los militares presos”.
Horas después, sin embargo, con Zúñiga ya destituido junto a los demás mandos militares, el presidente del país salió a las calles a celebrar con un megáfono la restitución del control del Gobierno. La Fiscalía General del Estado de Bolivia anunció poco después que abrirá una “investigación penal” en contra de todos los que participaron en la movilización “irregular”.