Nuevo varapalo del Tribunal Supremo al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Y, de nuevo, tras un recurso presentado por el máximo responsable de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos: con esta, son ya tres veces las que ha conseguido que la justicia revoque decisiones del ministerio. En esta ocasión, el Supremo ha estimado parcialmente los recursos presentados por el alto mando del instituto armado contra los reales decretos publicados el pasado diciembre por los que el Gobierno nombraba de nuevo como generales de brigada a Francisco Javier Sánchez Gil, Arturo Prieto Bozec y Antonio José Rodríguez Medel Nieto. Esos nombramientos habían sido anulados dos meses antes por otro recurso de Pérez de los Cobos. El ministerio volvió a realizarlos en diciembre, y el Supremo vuelve a tumbarlos ahora.
El coronel señalaba en su recurso que, durante el proceso para volver a ascender a estos altos mandos, Interior había cometido irregularidades formales. En concreto, no haberlos degradado de nuevo a coronel antes de ascenderlos, según señalan fuentes jurídicas. Pérez de los Cobos consideraba que, de esa manera, Grande-Marlaska le relegaba de nuevo a él en un ascenso al que asegura tener derecho por escalafón y currículum. De no conseguir el ascenso antes de diciembre de 2024, cuando cumple los 61 años, pasará a la reserva. Sin embargo, de acceder al generalato podría prolongar su carrera en la Guardia Civil varios años.
El fallo del Supremo ya ha sido comunicado a las partes, pero el contenido íntegro de las sentencias, con el detalle de los argumentos en los que basa su decisión, se conocerá en los próximos días.
Esta última decisión del alto tribunal es, en realidad, continuación de la que en septiembre pasado anuló por primera vez estos tres mismos ascensos. Entonces, Pérez de los Cobos alegaba que tenía el número 1 en el escalafón de los candidatos que se presentaron para ascender a general de brigada y en la evaluación previa a los ascensos que realiza el Consejo Superior de la Guardia Civil. Grande-Marlaska, que siempre ha sostenido que la promoción a general es discrecional y que las evaluaciones previas no son vinculantes, eligió a los entonces coroneles Sánchez Gil, Prieto Bozec y Rodríguez Medel Nieto por delante de Pérez de los Cobos. Entonces, el primero pasó a ocupar la jefatura de Servicios Técnicos; el segundo, el puesto de máximo responsable del instituto armado en el Comunidad Valenciana; y el tercero, la jefatura de Enseñanza.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo estimó en septiembre los recursos presentados por el jefe de la Comandancia de Madrid y, tal y como pedía este, anuló los nombramientos y ordenó retrotraer los procedimientos. El fallo destacaba que el Gobierno no había argumentado suficientemente la decisión de elegir a los candidatos designados en vez de a Pérez de los Cobos, pese a la evaluación interna favorable que avalaba su promoción.
La ley que regula los ascensos dentro de la Guardia Civil señala que estos se conceden por real decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Defensa, “quien para efectuarla oirá al Ministro del Interior”. El artículo 67.2 de esa ley, el que cita el Supremo para instar al Gobierno a volver a efectuar los nombramientos, establece que las evaluaciones para el ascenso “serán realizadas por el Consejo Superior de la Guardia Civil y elevadas al Ministro de Defensa por el Director General de la Guardia Civil, quien añadirá su propio informe”. Este es el informe que el alto tribunal ordena elaborar con los motivos que llevan a Interior a decantarse por ascender a unas personas en vez de a otras.
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Estas dos victorias judiciales por su no ascenso a general son la continuación del pulso que Pérez de los Cobos mantiene con Marlaska desde que, en mayo de 2020, le cesara en su puesto de jefe de la Comandancia de Madrid. El alto mando recurrió aquella decisión y, en marzo de 2023, el Supremo le dio la razón y obligó al ministerio a restituirle en el puesto de máximo responsable de la Guardia Civil en la comunidad madrileña ―puesto que sigue ocupando en la actualidad― y el pago de una indemnización por el dinero que había dejado de percibir desde su destitución.
En aquella sentencia, el tribunal consideró que las explicaciones que dio Interior para destituirle fueron “confusas” y se basaron “en razones distintas de las aducidas para justificarlo”. El cese se produjo días después de que se conociera el envío, sin conocimiento previo de Interior, de un informe de la Guardia Civil a la juez que investigaba la convocatoria de actos multitudinarios como la manifestación del 8-M, Día de la Mujer, poco antes de decretarse el estado de alarma por la covid-19. Según el Supremo, Pérez de los Cobos no informó al ministerio de esas investigaciones porque “estaba expresamente prohibido por la magistrada que dirigía” el caso, y por tanto su cese fue improcedente.
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