Editorial: Revelador testimonio sobre aeropuerto liberiano

El 27 de mayo, Silvia Jiménez, jefa de aeropuertos de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), presentó a la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa un informe detallado de las inspecciones ejecutadas antes, durante y después de la tormenta tropical para demostrar, sin margen de duda, la inexistencia de un nexo entre los daños en la pista y el fenómeno natural.

Bonnie no afectó la pista, como alegó el Ejecutivo cuando la incluyó, tardíamente, entre los estragos de la tormenta. Eso ya se sabía, entre otras razones, por una carta de los ingenieros de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica, escrita cuando trascendió la declaratoria de emergencia para advertir de la inexistencia del daño. Jiménez está entre los firmantes.

Con respaldo de registros fotográficos, la funcionaria demostró el normal desempeño de los drenajes de la pista y la ausencia de nuevos daños en el momento de reanudar operaciones el 2 de julio del 2022. Dos días más tarde, un informe confirmó la ausencia de afectaciones a consecuencia de Bonnie. Jiménez también repasó ante los diputados la información de las estaciones meteorológicas de la terminal aérea. Hubo registros normales para la zona, con un máximo de 68 mm de lluvia acumulada el 1.° y el 2 de julio.

El Ministerio Público ya tiene abierto un expediente para esclarecer lo sucedido. En él figuran el presidente, Rodrigo Chaves; la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana; el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alejandro Picado Eduarte; el exdirector de Aviación Civil Fernando Naranjo Elizondo y el exministro de Obras Públicas y Transportes Luis Amador Jiménez.

Sin embargo, los diputados pueden sacar conclusiones inmediatas sobre la inconveniencia de aprobar el proyecto propuesto por el gobierno para limitar la fiscalización y desarrollar carreteras, aeropuertos, hospitales y otras obras sin revisión de la Contraloría ni apego a las normas de control. Es decir, “a dedo o no a dedo”, como dijo la jefa de la bancada oficialista para justificar la reforma.

La contratación de las obras en Liberia, denunciada como anómala hasta por el propio gobierno, se hizo a dedo gracias al mecanismo de excepción irregularmente aplicado para evitar la fiscalización. Los legisladores deben meditar sobre el caos que legarían al país si convierten la excepción en norma.

El país también debe tomar nota de las presiones y los desaires denunciados por la jefa de aeropuertos. Cuando se le preguntó si Naranjo la había sobrepasado como jerarca de su departamento al instruir a los ingenieros que elaboraran el cartel de licitación para rehabilitar la pista, no dudó en confirmarlo. Según dijo, ya había sufrido lo mismo en otras ocasiones, pero en esta oportunidad se hizo con más énfasis. “En una sociedad donde la mentira se normaliza, el decir la verdad a veces se penaliza. Pasé por ahí”, añadió.

Su oposición al arreglo de la pista mediante decreto ejecutivo, aseguró, la hizo víctima de “típicas estrategias”, como comunicaciones hostiles, separación de asuntos propios de su cargo y hasta la propuesta de removerla del puesto. Esa posibilidad, dijo, fue planteada por Naranjo en una reunión, citada expresamente al efecto, debido a “varios puntos de discordancia” entre sus acciones y la línea de la administración.

En una comparecencia aparte, los ingenieros también aseguraron haber recibido presiones de Naranjo y del entonces ministro Amador para certificar que el daño fue consecuencia de la tormenta. Su firmeza merece reconocimiento y su invaluable servicio compromete a las instituciones a brindarles protección.