Editorial: Relaciones más integrales con Europa


Nuestras relaciones con Europa, tradicionalmente amistosas, diversas y profundas, pasaron a una etapa de mayor integralidad y potencialidad el 1.° de este mes, con la plena entrada en vigor del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica.

El documento fue firmado en el 2012, y su componente comercial comenzó a aplicarse provisionalmente un año después, con grandes beneficios para los seis países de nuestra región. Ahora ese pilar ha adquirido carácter permanente, junto con los otros dos que lo componen: el político y el de cooperación. Son ámbitos en los que ya existe una vigorosa interacción entre ambas regiones, pero que ahora podrán adquirir mayor dinamismo y permanencia. Por algo Josep Borrell, comisionado para las relaciones exteriores, declaró que “Centroamérica y la UE están ahora más cerca que nunca”.

Costa Rica ha sido el país del Istmo que ha logrado aprovechar de manera más proactiva las nuevas facilidades comerciales y de inversión que se abrieron en el 2013. La UE constituye el segundo mercado para nuestras exportaciones, muy cerca de Centroamérica y a buena distancia de Estados Unidos, y somos el principal destino para las suyas en la región. Además, los países europeos, en conjunto, son la segunda fuente de inversión extranjera directa.

Esta dinámica se ha enmarcado en una tradicional convergencia alrededor de principios esenciales, como apego a la democracia y los derechos humanos, desarrollo sostenible, inclusión social, respeto a la diversidad, apuesta al multilateralismo y a un sistema internacional basado en reglas, entre ellas, la integridad territorial de los Estados. Algunos de esos valores se han visto amenazados recientemente, tanto fuera como dentro de nuestro país.

A escala global, basta con recordar la invasión rusa a Ucrania, que ha desatado el peor conflicto europeo desde la Segunda Guerra Mundial, el incremento en las actividades de la delincuencia organizada y el creciente proteccionismo y vulneración del papel de la Organización Mundial del Comercio (OMC), entidad que ha estado ligada desde su creación a la exitosa apertura económica costarricense. Internamente, se ha debilitado nuestra agenda ambiental mientras el Poder Ejecutivo ha dado preocupantes muestras de desdén por la institucionalidad. Además, en Europa, han adquirido mayor fuerza partidos extremistas que podrían mejorar su posición en las próximas elecciones a su Parlamento.

Estos retrocesos y riesgos merecen atención constante, pero son razones de más para que, no solo en la dimensión diplomática oficial, sino también en otros sectores europeos y nacionales —políticos, sociales, empresariales, académicos y gremiales— se profundicen y articulen cada vez más las interacciones mutuas.

Además de nuestros lazos bilaterales con los países europeos, que en algunos casos se remontan a los primeros años de la República, en setiembre próximo cumpliremos 40 del establecimiento de relaciones diplomáticas con la Unión Europea como entidad jurídica supranacional. Es un hito relevante. Como parte del proceso que se inició entonces, en marzo se realizó exitosamente en Bruselas, capital de la UE, la sétima ronda de consultas entre ambas partes. Nuestra delegación la encabezó el vicecanciller Alejandro Solano.

En julio del año pasado, durante una cumbre con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), la UE anunció su intención de efectuar amplias inversiones en el hemisferio, como parte de su iniciativa Global Gateway (Portal Global). La vigencia plena del Acuerdo de Asociación permitirá facilitar el proceso en Centroamérica. Debemos estar listos para aprovecharlo.

Estamos en un excelente momento para avanzar con mayor rapidez, organicidad y estabilidad en nuestras relaciones. El jueves fue el Día de Europa, establecido para conmemorar la Declaración Schuman que, el 9 de mayo de 1950 comenzó el proceso de integración que culminó en la UE. Tenemos razones para una celebración compartida.

La permanencia de Costa Rica en la lista gris de la Unión Europea de países no cooperantes en materia fiscal tiene consecuencias económicas significativas.

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