Editorial: Fallo ejemplar y grave inquietud

Sus 12 miembros declararon a Donald Trump culpable de 34 cargos de falsificación de documentos. Con tal triquiñuela, pretendió simular como gastos de negocios el pago de $130.000 a la artista pornográfica Stormy Daniels, comprar su silencio sobre una relación en el 2006 y evitar así que la eventual revelación perjudicara su exitosa campaña presidencial del 2016.

La sentencia será dictada el 11 de julio, apenas cuatro días antes de la Convención Nacional Republicana, en la que, con certeza, Trump será proclamado candidato. La apelación será inmediata y la resolución por un tribunal superior durará varios meses.

El mensaje implícito de lo ocurrido el jueves es que ningún ciudadano estadounidense está por encima de la ley, y que todos deben responder ante la justicia por sus transgresiones o delitos. De ahí su ejemplar trascendencia.

A la vez, resulta lamentable, y abre serias interrogantes sobre el sistema de justicia, que de los cuatro casos penales enfrentados por Trump, este —el menos relevante— sea el único en dilucidarse hasta ahora. La posibilidad de que alguno de los otros tres llegue a juicio y se resuelva antes de las elecciones del 5 de noviembre es en extremo remota.

En el estado de Georgia, a Trump se le acusa por pretender alterar el resultado de las elecciones presidenciales del 2020, que perdió; en Florida, por sustracción y posesión indebida de documentos clasificados en su casa de Palm Beach; en el Distrito de Columbia, por cargos aún más graves: una conspiración para impedir la certificación del triunfo de Joe Biden y la incitación a asaltar el Capitolio, el 6 de enero del 2021.

Una serie de recusaciones exigidas por la defensa, hasta ahora infructuosas, han demorado el proceso en Georgia, que inicialmente marchaba de forma expedita. En Florida, el poco avance se ha originado en la lentitud del trámite y resolución de reclamos por la jueza federal a cargo, nombrada por Trump durante su presidencia. A esto se añade que la Corte Suprema de Justicia, de mayoría conservadora, decidió considerar un alegato que ampliaría las inmunidades presidenciales. De acogerlo, impediría procesar a Trump por lo sucedido en el Capitolio. Aunque lo rechace, es prácticamente imposible que haya juicio antes de noviembre.

Lo anterior quiere decir que los electores deberán votar el 5 de noviembre con la certeza de que uno de los dos principales candidatos es un convicto, pero con la duda sobre su culpabilidad o inocencia en otros casos.

En otras circunstancias, un aspirante presidencial condenado, aunque sea en primera instancia, y con tres casos pendientes, habría colapsado y, por elemental sentido de decencia, renunciado a sus aspiraciones. Trump, en cambio, ha enmarcado los procesos como parte de una cacería de brujas en su contra, y esta condena como evidencia de un sistema de justicia corrupto, manipulado e ilegítimo, contra el que ha prometido represalias.

La gravedad de lo anterior se acrecienta por la complicidad vergonzosa, y casi subversiva, de múltiples senadores, representantes y dirigentes republicanos, que se han sumado al coro de distorsiones, mentiras y amenazas del expresidente. Y alarma, pero no sorprende, la adhesión ciega de una enorme masa de votantes “duros” que, lejos de abandonarlo, se apegan aún más al candidato con cada denuncia, cada proceso y cada condena.

¿Quiere lo anterior decir que, lejos de perjudicarlo, su condena puede impulsar su candidatura presidencial? Está por verse. Una cosa son los votantes ya convencidos —y hasta fanáticos—; otra, los que no han tomado la decisión final. En Estados Unidos, una sociedad en extremo polarizada políticamente, son pocos. Sin embargo, en una competencia reñida como la de Trump y Biden, bastaría con un cambio de preferencias de un grupo relativamente pequeño para inclinar la balanza. Lo lógico sería a favor del actual presidente y candidato demócrata, pero es imposible asegurar que no pueda ocurrir lo contrario.

La forma en que tanto Trump como los líderes republicanos se han comportado durante y después de este juicio ha hecho más evidente que nunca el riesgo para la democracia de su posible victoria. Lo deberían contemplar seriamente los electores, más allá de cualesquiera otros factores. Porque lo que se juega en pocos meses es, ni más ni menos, que la supervivencia de la salud democrática de Estados Unidos. A todos nos atañe el desenlace.