El conflicto entre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y los médicos especialistas se resolvió, en abril, sin apuntar a una salida para el problema de fondo: la escasez de personal y sus efectos sobre las crecientes filas de espera, es decir, sobre la salud de los pacientes. Eso es, a fin de cuentas, lo importante.
En el conflicto con los especialistas hay un tercero interesado, más allá de la CCSS y los médicos. Los usuarios debieron ser tomados en cuenta e incorporados a los acuerdos mediante el compromiso de una y otra parte de contribuir a remediar la escasez de especialistas; sin embargo, las propuestas conocidas hasta ahora son pocas y su aplicación práctica apenas se nota.
Las listas de espera para intervenciones quirúrgicas, procedimientos diagnósticos y consultas médicas ya constituyen una crisis reconocida por la Junta Directiva de la CCSS, que las declaró emergencia institucional. El 4 de abril, la entidad también declaró la inopia en 10 especialidades donde faltan 292 profesionales: anestesiología y recuperación, cardiología, cirugía general, dermatología, endocrinología, hematología, hematología pediátrica, infectología, ortopedia y traumatología, radiología e imágenes médicas.
No queda clara, sin embargo, la respuesta de la institución a las falencias diagnosticadas. En buena hora decidió invertir parte de los ¢200.000 millones destinados a combatir las listas de espera en becas para médicos generales interesados en especializarse. Se impone asegurar los fondos para iniciar, cuanto antes, la ejecución del programa, acompañado, claro está, de los compromisos contractuales requeridos para asegurar su servicio a la institución durante un plazo razonable.
No obstante, entre las pocas medidas anunciadas para enfrentar la escasez de especialistas como causa de fondo de las listas está el cambio en los exámenes de selección de candidatos a la formación superior, sugerido por una comisión interinstitucional integrada por el Ministerio de Salud, la CCSS, el Colegio de Médicos, el Instituto Nacional de Seguros (INS) y la Defensoría de los Habitantes.
El grupo escuchó un informe de Eduardo Zamora Méndez, auditor general del Ministerio de Salud, quien concluyó que un examen único permitiría unificar los procesos de admisión, aseguraría la ocupación máxima de las plazas abiertas por la CCSS para formar especialistas y contribuiría a remover “cuellos de botella” que dificultan el acceso de los médicos generales a estudios de posgrado en Anestesia, Ortopedia, Cirugía o Radiología, entre otras especialidades.
Esos cuellos de botella explican la escasez de profesionales en la actualidad y la principal responsable de su existencia es la propia CCSS, la política de apertura de plazas de residencia con cuentagotas, la gestión del Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (Cendeisss) y la influencia de los propios especialistas en la preparación de sus futuros competidores.
Por eso desconcierta el retraso de la institución en la aplicación de las pruebas encargadas a una entidad independiente, dedicada a la acreditación de conocimientos. La posposición de la fecha de inicio tiene en vilo la formación de unos 300 nuevos especialistas a partir de febrero del 2025.
La indefinición anima llamados a regresar al estado de cosas anterior, cuando las cuatro universidades autorizadas hacían los exámenes por aparte. Si en efecto la CCSS confía en la eficacia del cambio para contribuir a remediar tan grave falencia, la demora es incomprensible y se suma a la cadena de errores responsables de la situación actual. Falta, entonces, el compromiso con los asegurados.
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El conflicto entre la CCSS y los especialistas se resolvió en abril sin una salida para el problema de fondo: la escasez de personal y sus efectos sobre las crecientes filas de espera. (Rafael PACHECO GRANADOS)