Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), tiene toda la razón cuando critica la confidencialidad del criterio actuarial solicitado para determinar si la institución puede costear el aumento salarial del 10,16 % aprobado para los médicos. El motivo de la objeción, absolutamente obvio, lo expresó la propia funcionaria: se trata de fondos públicos.
La Junta Directiva es la responsable del atentado contra la transparencia y el derecho de los costarricenses a estar informados de los asuntos de interés público. Un gasto de esa magnitud, capaz de generar duda sobre la salud financiera de tan importante institución, no puede ser decidido en secreto. Ni el documento ni su discusión en el seno de la Directiva pueden ser confidenciales.
El aumento exigiría una erogación adicional de ¢15.000 millones anuales. Los directivos hacen bien en solicitar el análisis antes de tomar la decisión, pero no en hacerla depender exclusivamente del resultado. El aumento no debe ser consecuencia de la capacidad de la institución para costearlo, sino también de su necesidad y justicia. Es indispensable valorar, por ejemplo, el prolongado período de inflación negativa por el que viene atravesando el país.
En cualquier caso, la ciudadanía tiene derecho a saber si otros elementos fueron sopesados y cuál fue la valoración de cada uno de los integrantes de la Junta. En este último aspecto, la presidenta ejecutiva no se expresó con la misma claridad. Según su criterio, la discusión podría ser considerada confidencial aunque no el documento.
La Caja suspendió el flujo de información sobre la medida y las sesiones de la Junta no serán transmitidas en vivo, como se ha venido haciendo desde agosto del 2023. Las actas omitirán el detalle de la discusión y votación del aumento. Las transmisiones de las sesiones de la Junta Directiva se hacen en cumplimiento de la ley vigente desde noviembre del 2022 para obligar a las entidades estatales a publicar las actas literales, los audios y videos de las reuniones.
El cumplimiento de la ley ha sido dispar pese a las claras disposiciones aprobadas por el Congreso. Si la Caja, una de las instituciones apegadas hasta ahora a la ley, se aparta de su observancia según le convenga, el debilitamiento del libre acceso a la información pública podría acelerarse.
Costa Rica ya ocupa el último lugar en la materia entre los 38 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según el informe del 2024 sobre integridad y medidas contra la corrupción, ejecutado para valorar los estándares de transparencia de cada país.
Precisamente para impedir la exclusión total o parcial del registro de alguna intervención en las sesiones de las juntas directivas, la Ley para Mejorar el Proceso de Control Presupuestario exige grabar las discusiones en audio y video. Las instituciones también deben transcribir literalmente lo dicho por jerarcas, directivos e invitados.
Los documentos resultantes, físicos y digitales, son de acceso público. Las excepciones las prevé la propia ley, pero no guardan relación con la medida aprobada por los directivos de la Caja. Las disposiciones sobre transparencia no son aplicables cuando una ley obligue a mantener la confidencialidad, como en los procesos disciplinarios sancionatorios, mientras dure el trámite. Otra excepción serían los secretos de Estado, pero en ningún caso puede la mera voluntad de los directivos sustraer del conocimiento público informaciones de interés general.
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La Junta Directiva de la CCSS declaró confidencial el criterio actuarial solicitado para determinar si la institución puede costear un aumento salarial del 10,16 % para los médicos. Foto: captura de pantalla de la sesión del 13 de junio.