El modus operandi del presidente Rodrigo Chaves y su diputada Pilar Cisneros para atacar a quien se atreva a cuestionarlos tiende a caer en un peligroso terreno, pues en sus discursos hay un afán de debilitar instituciones que tanto costó afianzar, como son los poderes Judicial y Legislativo, el Tribunal Supremo de Elecciones y aquellas que vigilan el buen uso del dinero público, como la Contraloría General de la República.
La forma en que los dos políticos satanizaron la denuncia anónima que obligó a la Contraloría a emitir un “recordatorio” para que se respete la ley al construir la marina y una terminal de cruceros en Limón, quizás refleja, más bien, el cómo opera este gobierno. Al menos, eso se infiere de la crispación en sus discursos.
Ambos, en alineadas diatribas, crearon teorías conspirativas, al punto que Chaves insinuó un delito: “¿No será alguien de ahí mismo la pudo haber puesto? No sé, pero ¿no le parece posible a usted, amigo?”. Dos días después, Cisneros repitió la idea para desacreditar a quienes los fiscalizan desde la Contraloría.
Chaves-Cisneros creyeron que los ciudadanos olvidaron que, cuando ellos pedían votos en campaña, prometieron premiar a quienes se atrevieran a denunciar indicios de corrupción.
Ambos, sin mayor sonrojo, borraron de su mente que hace dos años validaron el cierre de Parque Viva con base en un anónimo, supuestamente recibido por Joselyn Chacón, entonces colaboradora de Chaves en el Ministerio de Salud, y declarada amiga incondicional de Cisneros. ¿Por qué no la pusieron en duda?
Tampoco emplazaron al ministro de Hacienda cuando dio a conocer el falso “megacaso de evasión fiscal” por ¢11.000 millones que involucraba a una sociedad de Leonel Baruch, accionista del medio independiente CRHoy. Ninguno dijo ni a cuando, cinco meses después, Acosta admitió que todo se sustentó en un video anónimo de TikTok.
En el plan de Ciudad Gobierno, igual. Cisneros se atrevió a exigir el nombre del denunciante. Ahora, a mitad del mandato, los dos políticos deben comprender que gobernar conlleva el deber ineludible de respetar la ley y ser consecuentes. Es irresponsable querer atrapar a incautos socavando la institucionalidad. Y los ciudadanos lo saben: los políticos a veces abusan del bla, bla, bla.
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