El debate del juicio político en contra del exministro de Energía y Minas durante el mandato de Guillermo Lasso, Fernando Santos Alvite, quedó pendiente en la Asamblea Nacional, luego que el acusado presentara su descargo a los interpelantes del proceso, Nicole Saca y Adrián Castro, legisladores del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN).
Saca y Castro propusieron la censura del exfuncionario por la omisión en la supervisión y evaluación oportuna del sector energético y eléctrico.
Saca señaló que el exfuncionario del mandato presidencial de Guillermo Lasso es responsable del 84,6 % del incumplimiento del Plan Maestro de Electricidad (PME), lo que sería una de las razones para la crisis eléctrica.
“Esto es una responsabilidad directa del exministro Fernando Santos Alvite”, subrayó.
Enfatizó que Santos no cumplió con sus funciones como máxima autoridad de la cartera de Estado, lo que ha llevado a que en la actualidad los ecuatorianos estén sumergidos en la oscuridad.
Saca manifestó que en información proporcionada por el ministro de Energía subrogante, Andrés Delgado Garrido, al momento de recibir el Ministerio este estaba “en tinieblas, en terapia intensiva” como consecuencia de no haber previsto los efectos del estiaje.
También cuestionó que Ecuador compró energía a Colombia a un “costo altísimo”, a 60 centavos de dólar, y defendió que cuando asumió el gobierno Noboa el costo fue de 15 centavos de dólar.
Reprochó que el gobierno de Guillermo Lasso y su ministro Fernando Santos conocían de la inminencia y la gravedad de la escasez de energía para el 2023, pero el ministerio del ramo y su equipo de trabajo hizo omisiones.
“La crisis energética no se va a solucionar mañana si no trabajamos como el gobierno de nuestro presidente Daniel Nobo Azín”, destacó.
Agregó que el ministro subrogante confirmó que las alertas sobre los problemas de estiaje existían cada diez años. “Esta respuesta claramente fue la muestra que el exministro Santos Alvite conocía sobre los grandes problemas eléctricos en el país que se iban a dar en su administración y de la cual no hizo absolutamente nada para evitarlo”, apuntó.
Saca calificó al exministro de inoperante e incompetente por sus “inobservancias” a mandatos legales, y posteriormente exhorotó en el pleno de la Asamblea que se lo censure y se sancione.
señala que a principios del 2023 ya se conocía que existía un 90% de probabilidad de sequía y no se tomó ninguna medida al respecto. En cuanto a los costos energéticos, cita información proporcionada por el medio de comunicación “Mentiras.net”, que indicaba un aumento del 35%, el cual el exministro de
Castro, el segundo interpelante del juicio político, señaló que a principios de 2023 ya se conocía que existía un 90 % de probabilidad de sequía y no se tomó ninguna medida al respecto.
En cuanto a los costos energéticos, citó información proporcionada por EL UNIVERSO, que indicaba un aumento del 35 %, el cual el exministro del ramo, atribuyó a un “error humano”, lo que finalmente le costó al Ecuador más de $ 220 millones.
Por su parte, Santos indicó que el juicio político en su contra es ilegal porque se lo está juzgando por segunda vez por la misma causa y materia. Sin embargo, dijo que aunque no está obligado a estar legamente en el jucio político, por su moral asistió.
“Primero puntualizar un tema jurídico que tengo que dejarlo sentado, este juicio es ilegal, porque se me está juzgando por segunda vez. La interpelante pidió el jucio pocos días después de que yo fui posesionado ministro en octubre de 2022, se siguió el procedimiento, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) lo aprobó, fue a la Comisión Técnica, volvió, y de ahí fue a la Comisión de Fiscalización. El 11 de diciembre de 2023 se llamó a gente, expertos, se me llamó a mí y fui con todo gusto. De acuerdo a la Ley Orgánica de la Funcion Legislativa la Comisión de Fiscalización tenía cinco días para calificar el juicio, abocar conocimiento, y decir: lo archivo o procede (…) No fue calificado, se archivó”, dijo en su descargo.
De las acusaciones vertidas por Saca, el exministro dijo que no son ciertas y que, por lo tanto, él no hace caso. “No hay que escupir al cielo, señora legisladora”, le contestó.
Respecto del asunto, señaló que la crisis del sector eléctrico es “tremendamente grave” y que puede resultar en un colapso de años. “El problema electrico viene de muchos años”, insistió.
“Hace poco tuve el mal rato de que por poeblemas climaticos, por problemas burocráticos, tuvimos durante un par de semanas que cortar la energía dos, tres horas, máximo, avisando con tiempo. Hoy se están cortando ocho horas, no se avisa con tiempo”, apuntó.
Mencionó que para el invierno de 2023-2024 ya se vio una necesidad de tener una energia adicional en el Ecuador. Detalla que se hizo una cesión en el Ministerio y se encargó a las autoridades competentes que consigan la energía adicional. “No era cuestión del ministro. No me tocaba a mí el contratar la energía, eso es cuestión de las empresas eléctricas”.
En su defensa remarcó que no había dinero disponible para guardar $ 450 millones y que se pague a la posible generación eléctrica. “Ante esa demora, llamé a los distribuidores, a la empresa Quito, empresa del Austro, empresa de Latacunga, a la de Riobamba, y les dije hagan un pool y ustedes contraten esta energía adicional. De la recaudación que a ustedes les ingresa, contraten esta energía adicional, por favor”, relató.
“Decreté la emergencia para acelerar los trámites, lo mismo que ha hecho el ministro (encargado) Luque. Quedó esta licitación manejada por la Empresa Eléctrica Quito, que es la empresa más seria del país y más solvente. El 23 de noviembre de 2023, con el cambio el gobierno se declaró desierta. Entonces, ¿cuál es la reposabilidad del minsitro? Pedí a las empresas eléctricas que contraten la energía adicional. Se necesitaba en ese tiempo 465 megavatios”, aseguró, al tiempo que afirmó que en su gestión sí se realizó mantimiento previo al estiaje.
“Se me acusa de que he parado la generación. Tengo el orgullo, con el equio del Ministerio, que fui quizás en la historia uno de los ministros que más generación autorizó, 1.000 megavatios autoricé para que se instalen plantas de generación. No son proyectos que yo los inicié”, resaltó.
Fernando Santos agregó que cuando llegó al Ministerio de Energía y Minas a finales de 2022 encontró represados “un montón de proyectos”. Entre estos mencionó el proyecto fotovoltaico El Aromo, en Manabí; el proyecto de la Central Eólica Villonaco, en Loja; y el proyecto Conolophus, en la isla Santa Cruz, en Galápagos.
El exministro de Lasso consideró que el problema principal del sector eléctrico se llama estatismo, por cuanto explicó “que es un monopolio del Estado que ya se agotó”. (I)