Un “embarazo de alto riesgo” más una “amenaza de aborto” es el que cursa actualmente la fiscal general del Estado, Diana Salazar, según el diagnóstico que le realizó el ginecólogo Oswaldo Barahona, médico del Hospital Metropolitano de Quito, el pasado 29 de abril, y que fue avalado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
A esa fecha, Salazar tenía seis semanas de embarazo, es decir, actualmente ya tendría nueve semanas.
El doctor Barahona le recomendó “evitar situaciones de alto estrés y actividad física intensa”, y además que se mantenga en reposo y con la medicación que le recetó por su condición.
Una semana después de recibir esta información de su médico, el 6 de mayo pasado, Salazar envió un oficio al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, en el que le pidió que, en consideración con su cuadro delicado, se suspendan los tiempos en el juicio político en su contra que en pocas semanas debía sustanciar la Comisión de Fiscalización, ya que en su situación no podría ejercer debidamente su derecho a la defensa.
La funcionaria adjuntó los certificados emitidos por el médico, en los que además se menciona que le dio descanso por 14 días (del 1 al 14 de mayo).
Dos días más tarde, el 8 de mayo, Kronfle elevó a la Procuraduría General del Estado una consulta para determinar si en los casos de embarazos de alto riesgo o de enfermedades catastróficas de los interpelados, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) podría suspender los juicios políticos. La institución le respondió afirmativamente el 15 del presente mes.
Con base en esto, el pasado 17 de mayo, el CAL resolvió suspender temporalmente el proceso.
En el video en el que hizo público su embarazo, el 15 de mayo, la fiscal comentó que mantiene una relación sentimental con el padre de su bebé desde hace tres años y que viven juntos desde hace uno. No se conoce de momento la identidad de su pareja.
Salazar, que cumplirá 43 años el próximo 5 de junio, ya tiene una hija de un anterior compromiso. (I)