A trece años de prisión por el delito de secuestro extorsivo en Santo Domingo de los Tsáchilas fueron condenados cinco integrantes del grupo delictivo R7.
Un tribunal de Garantías Penales de Santo Domingo declaró culpables a Alister Alberto M. M., Julio Eduardo G. J., Víctor Hugo G. I., Jairo Jonathan G. I. y Jonathan Rodolfo C.
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La noche del 16 de enero del 2023, en el cantón Santo Domingo, por el sector de la vía a Las Mercedes, en el trayecto desde el río Toachi, los ahora sentenciados interceptaron un camión que transportaba carne, desde el camal municipal hasta el centro de la ciudad, con tres personas a bordo, incluido un adolescente de 16 años.
Utilizando armas de fuego intimidaron a sus víctimas, propinándoles golpes para luego bajarlas del automotor. El conductor logró escapar por un barranco hacia el río Toachi, mientras que las otras dos víctimas fueron llevadas en otro vehículo por la ribera del río. En ese tramo, el padre del adolescente logró escapar lanzándose al río.
El chico se quedó con los secuestradores, quienes lo golpearon y torturaron hundiendo su cabeza en el cuerpo de agua por varias ocasiones, al tiempo que enviaban mensajes a su madre solicitando $ 8.000 a cambio de su vida.
Además dejaron claro que estaba en manos de la organización delincuencial R7 y que, si el dinero no era entregado en 20 minutos, le cortarían la cabeza.
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Un equipo de la Unidad Antisecuestros de la Policía (Unase), a través de técnicas de investigación, ubicó el lugar donde tenían al secuestrado, por lo que ejecutaron una intervención con unidades tácticas y lo rescataron.
Los involucrados fueron detenidos en delito flagrante.
En la audiencia de juicio, según Fiscalía, se demostró la materialidad del delito y la responsabilidad de los procesados con base en los testimonios de las víctimas, que detallaron la forma en que fueron interceptadas y trasladadas a un lugar en contra de su voluntad, que fueron torturadas y que exigían a sus familiares dinero a cambio de la liberación de un menor de edad.
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También expuso el testimonio de la perita médico legista que practicó la valoración médica a los agraviados y los informes de Criminalística, como de reconocimiento del lugar de los hechos y el de rescate por la Unase.
Además, la transcripción de llamadas de auxilio grabadas por el ECU911 y la extracción de la información de los teléfonos celulares de los procesados, evidenciaron las amenazas y mensajes de carácter extorsivos enviados a la madre de la víctima.
Como evidencias se presentaron las amarras con las que sujetaron a los secuestrados y teléfonos celulares. (I)