El excontralor del Estado, Pablo Celi De la Torre y un funcionario Luis M. M., fueron imputados por el cargo de presunto tráfico de influencias por el desvanecimiento de una responsabilidad civil por $ 111′ 9 millones a favor de una operadora de telefonía móvil, en lo que se denomina el caso Celu y cumplirán medidas de detención domiciliarias y en un centro de rehabilitación del país, respectivamente.
Este martes, 25 de junio de 2024, se realizó la audiencia de formulación de cargos en contra de Pablo Celi de la Torre y Luis M. M., actual funcionario de la Contraloría General, a quienes la titular de la Fiscalía de la Nación, Diana Salazar, les atribuyó el cometimiento del delito de tráfico de influencias que se sanciona con prisión de tres a cinco años, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Este es el tercer proceso penal al que se enfrentará Pablo Celi, excontralor subrogante, quien cumple una medida de arresto domiciliario por una pena de primera instancia en el caso las Torres; y, fue llamado a juicio por el delito de cohecho dentro del caso China CAMC.
Ahora, se mantendrá en arresto domiciliario por el caso Celu.
Tráfico de influencias es el delito por el que se le abrirá un tercer proceso penal al excontralor Pablo Celi
Este tipo penal se había configurado por la acción de los sospechosos de — según Fiscalía — desvanecer una responsabilidad administrativa (glosa) por derechos de concesión por un monto de $ 111′ 906. 514 para beneficiar a una operadora de servicios telefónicos, perjudicando a los intereses del Estado.
La diligencia se realizó este martes en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), presidida por el conjuez de Garantías Penales, Marco Rodríguez, quien se tomó casi dos horas para deliberar sobre el pedido de la Fiscalía y ordenó arresto domiciliario para Pablo Celi y prisión preventiva para Luis M. M.
La Fiscalía expuso 34 elementos de convicción que darían cuenta de que Celi y Luis M. M. habrían incurrido en este delito como autores directos y que, en el desempeño de sus funciones habían influenciado en servidores de menor jerarquía aprovechándose de sus cargos para beneficiar sus intereses.
Salazar ejemplificó que Nelson V., un exservidor de la Contraloría, se había negado a desvanecer la glosa; y, en lo que sería una represalia, fue cambiado de área y más adelante, desvinculado de la institución.
La Fiscalía solicitó que, en contra de Celi, por ser mayor de 65 años, se mantenga el arresto domiciliario, medida que actualmente la cumple, ya que es procesado por delincuencia organizada en el caso Las Torres.
Respecto de Luis M. M., quien sigue desempeñando funciones en la Contraloría, cumplirá prisión preventiva.
Su defensa técnica, Jorge Coronel, intentó evitar esta medida y alegó que su defendido había sido testigo protegido en el caso Las Torres y que corría un 32 % de riesgo; además, que debía cumplir con los gastos de su hogar.
Sin embargo, la fiscal Salazar precisó que Luis M. M., ya no es testigo protegido, porque el caso cuenta con una sentencia en primera instancia.
El conjuez Rodríguez acogió la teoría de la Fiscalía y sus 34 elementos de convicción y dictó estas medidas para cada uno de los sospechosos.
Sobre Luis M. M., se girará la boleta de localización y captura para su traslado a un centro de rehabilitación. Mientras, Celi se mantendrá en arresto domiciliario.
En cuanto a las medidas de carácter real o de reparación integral se dispuso la inmovilización de sus cuentas y bienes por $ 50. 000 a cada uno. Ello incluye cuentas bancarias, no enajenar bienes, fideicomisos, entre otros.
El magistrado concedió un plazo de 90 días para la instrucción fiscal. (I)