Caos en conducción de motocicletas desborda planteles del MOPT: 52.000 decomisadas

Lo que uno ve en la entrada es apenas una muestra de lo que realmente se esconde dentro de sus lotes. A la intemperie, deteriorándose bajo el sol y la lluvia, olvidadas por sus dueños, otros centenares de motocicletas se acumulan. Ocupan cuatro predios del plantel; todas han sido declaradas chatarra.

En el depósito de Naranjo se retienen alrededor de 2.500 motos, según el último recuento realizado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en noviembre de 2022. Esa cifra es pequeña en comparación con las 15.500 que se acumulan en el depósito de vehículos detenidos de la Guácima, Alajuela.

Según los datos de la Dirección Ejecutiva del Cosevi, en el último recuento de vehículos decomisados, se contabilizó un total de 52.667 motocicletas dentro de los 33 depósitos de los diferentes órganos del MOPT.

Los propietarios no cubren los costos de la custodia de los vehículos, lo que genera un gasto millonario para el erario público. Además, el Estado debe destinar recursos adicionales, como las grúas de la Policía de Tránsito, para trasladar las motocicletas retenidas a los planteles o desguaces de chatarra.

En 2022, el MOPT pagó ¢1.628 millones solo en cámaras de videovigilancia, seguridad y alquileres, mientras que en 2023 el monto fue de ¢1.516 millones. Estos gastos no incluyen los costos de mantenimiento de los depósitos del Ministerio ni el costo de la planilla, que es asumido por el Consejo de Seguridad Vial.

En los planteles de la Guácima, Alajuela; Calle Fallas, Desamparados; Ciudad Quesada; Sarapiquí, Heredia; Orotina y Naranjo, Alajuela, se paga por servicios de seguridad para los terrenos, todos propiedad del MOPT. La Gran Área Metropolitana (GAM) es la región donde más motocicletas se decomisan, seguida de las regiones Chorotega y Atlántica.

¿Cómo terminaron ahí? La respuesta es sencilla: irresponsabilidad de los motociclistas y el irrespeto a las leyes de tránsito. Entre 2022 y 2023, los decomisos de motos se duplicaron, pasando de 2.100 a 4.300 . En total, durante esos dos años, hubo 6.400 decomisos, pero solo 1.452 motocicletas (22%) fueron reclamadas por sus dueños.

La principal razón para la confiscación de motocicletas es la falta de licencia de conducir. Las retenciones por esta violación a la Ley de Tránsito se dispararon en el último año, aumentando más del 100%, de 1.469 motos en 2022 a 3.141 en 2023, confirmó el Cosevi. La legislación nacional establece que conducir sin la licencia requerida conlleva una multa de categoría C, con un costo de ¢122.000, además del decomiso del vehículo.

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La falta de placas de las motocicletas es la segunda causa de detención reportada por las autoridades, con 343 incautaciones en 2022 y 472 en el siguiente año. Sin embargo, el costo que deben pagar los conductores es uno de los más bajos según la ley, solo ¢26.000.

Otra infracción que lleva a las autoridades de tránsito a incautar motocicletas es la utilización de matrículas que pertenecen a otro vehículo, así como placas alteradas o falsificadas. Esta infracción se clasifica en la categoría B y conlleva un costo de ¢246.000.

Los decomisos de vehículos que no cuentan con inspección técnica vehicular o marchamo aumentaron un 167% entre 2022 y 2023. Sin embargo, en términos nominales, solo fueron 88 de las confiscaciones durante ese periodo.

Además de la multa correspondiente a las infracciones cometidas, a las personas a quienes se les retira el vehículo se les cobra el costo del traslado desde el lugar de decomiso hasta el plantel donde será resguardado. Esta tarifa de traslado es de ¢1.236 por kilómetro. Al momento de retirar la motocicleta, los conductores también deben abonar una tarifa diaria por custodia, la cual asciende a ¢3.522.

Por ejemplo, si una persona pierde su moto debido a problemas de placas, esta será trasladada 20 kilómetros hasta el depósito del MOPT, donde permanecerá durante 30 días. En este escenario, deberá abonar los ¢246.000 de la multa, más ¢24.750 por el acarreo y ¢105.000 por la custodia. Por lo tanto, el monto total al momento del retiro ascendería a ¢376.000.

En los predios del depósito del Cosevi en Naranjo, hay motocicletas en las que es evidente la ausencia de matrícula, inspección vehicular y marchamo. Al incurrir en múltiples infracciones, el costo para su retiro puede llegar a superar el valor fiscal de la moto, lo que lleva a los conductores a optar por abandonarlas en lugar de regularizar su situación.

Para el 2022, año en que se realizó la más reciente contabilización de vehículos decomisados, hubo 353.689 ciclomotores registrados en circulación, según indican los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), basados en los pagos de marchamos reportados por el Instituto Nacional de Seguros (INS). Sin embargo, al cierre de 2023, un año después, había 823.526 motocicletas inscritas en el Registro Nacional de la Propiedad, según indicó Cosevi.

Según un reportaje publicado por La Nación, la importación de motocicletas se incrementó en los últimos años, especialmente tras el inicio de la pandemia. De esta forma, desde 2017 hasta 2022, el Ministerio de Hacienda registró el ingreso de al menos 277.246 unidades.

El aumento ocurrió debido a una combinación de factores, como el aumento del costo de los combustibles, el auge del negocio de entregas a domicilio a través de aplicaciones y las congestiones en las carreteras.

El estado en que se encuentran las motocicletas decomisadas es imposible de determinar. En los depósitos hay desde vehículos recién salidos de la agencia hasta aquellos conocidos como “caballo muerto”, un término utilizado para referirse a motos sin documentación ni inscripción, que suelen ser modificadas de forma rudimentaria con partes de otras motos.

“Se desconoce el porcentaje de motocicletas decomisadas que se encuentran en buen estado, dado que algunas de ellas ya presentan mal estado al momento en que son decomisadas por los oficiales de tránsito”, indicó Cosevi a La Nación.

En Naranjo, por ejemplo, las motocicletas que están en buen estado se almacenan en una bodega gigante, donde están protegidas de la lluvia y el sol, aunque no del polvo. Por otro lado, en los patios a cielo abierto, las motocicletas que son chatarra se descomponen en pedazos que sirven de hogar para criaderos de zancudos.

A las motocicletas retenidas pocas veces se les puede dar un segundo uso, ya que no se subastan, no se asignan a la Policía de Tránsito ni se emplean como repuestos.

Según la Ley de Tránsito, por cada vehículo detenido se asigna un expediente que se analiza para determinar si puede ser declarado chatarra o clasificado como apto para donación. En caso de ser catalogado como chatarra, se entrega a un desguace contratado por el Estado; si se declara como donación, se entrega a personas jurídicas sin fines de lucro.

Si esto no sucede, sin importar la condición de la moto, el Estado debe seguir pagando los gastos de su custodia, a la espera de que los dueños lleguen a reclamarlas.

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Un proyecto de ley busca facilitar los mecanismos necesarios para garantizar la condonación de impuestos a la propiedad y la cancelación de la inscripción de todos aquellos vehículos que no fueron reclamados y que se encuentran en los predios del MOPT.

La iniciativa de ley propone agregar un inciso o) al artículo 9 de la Ley de Reajuste Tributario, con el objetivo de que la Dirección General de Hacienda condone las obligaciones tributarias, intereses y recargos relacionados con el impuesto sobre la propiedad de vehículos que están bajo la custodia de una autoridad judicial o del Cosevi.

Para efectos de la condonación, esta deberá ser solicitada ante Hacienda por el MOPT, que también gestionará el trámite correspondiente para la desinscripción de los bienes del Registro Nacional de Bienes Muebles.

De esta manera, el plan presentado por el oficialismo en diciembre de 2023 ante la Asamblea Legislativa busca que los vehículos decomisados puedan ser donados con mayor facilidad a instituciones de bien social o cuerpos de socorro, con el fin de reducir los costos que implica para el Estado el resguardo de estos.

El proyecto, que se tramita bajo el expediente 24.082, se encuentra en la Comisión de Asuntos Económicos y también recibió el respaldo del Partido Nueva República (PNR).

Al emitir su criterio, la Contraloría General de la República (CGR) sugirió que, con el fin de evitar obstáculos similares a los que se estarían removiendo con la propuesta, las condonaciones o desafectaciones no deberían limitarse al impuesto establecido en la ley que busca reformar la iniciativa, sino a todos los gravámenes que no afecten al sector fiscal.

Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) indicó que el Consejo de Seguridad Vial ya tiene competencias para gestionar estos vehículos, por lo que sugirió revisar la redacción del proyecto para evitar duplicidades.

Asimismo, la Procuraduría reiteró que la desinscripción de vehículos abandonados no requiere el pago de impuestos y multas atrasadas, como lo han definido precedentes legales para no sobrecargar al Estado con gastos adicionales.