Este lunes, 13 de mayo, la mesa de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio de la Asamblea Nacional sesionará en el cantón Santa Elena, provincia del mismo nombre, para recibir en comparecencia a las autoridades del Gobierno Parroquial Rural de Manglaralto, de la Alcaldía de Santa Elena y de la Prefectura, así como al presidente de la Federación de Comunas de Santa Elena y al presidente de la comuna de Olón, en torno a la ejecución del proyecto inmobiliario Echo Olón, ubicado en el área protegida del bosque protector Esterillo Oloncito.
El proyecto es liderado por la empresa Vinazin S. A., vinculada a Lavinia Valbonesi, esposa del presidente Daniel Noboa. La empresa anunció el sábado 11 de mayo que decidieron suspender las labores del proyecto Echo Olón 1.
La intención de construir ese proyecto en Olón se conoció el lunes 6 de mayo, cuando un grupo comenzó a realizar trabajos como parte de las acciones para la construcción del proyecto inmobiliario.
El proyecto desató una polémica que escaló a que la Fiscalía, de oficio, abriera el 8 de mayo una investigación previa para analizar los hechos y determinar si existen o no ilegalidades que generen el inicio de un proceso penal como tal.
Comuneros pusieron reparos al proyecto aduciendo que se afectaría el manglar. Además, Fundación La Iguana difundió información respecto a que en el área se pretende levantar el proyecto urbanístico.
En un comunicado, Vinazin S. A. argumentó que, a diferencia de los sectores políticos que intervinieron en ese proceso y lo manipularon, sí entienden y respetan la preocupación legítima de quienes viven en el sector.
Personas cercanas al círculo presidencial han estado relacionadas con el proyecto, entre ellas actuales ministros: Roberto Luque, Sade Fristschi y Mónica Palencia.
Los estudios para la construcción fueron elaborados por la compañía Geosísmica, que tiene entre sus accionistas al actual ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque.
Se señala principalmente a Fritschi, ministra del Ambiente, porque desde una dirección zonal de la cartera de Estado, el 5 de diciembre de 2023, se otorgó el registro ambiental para el proyecto urbanístico de la empresa Vinazin.
También trascendió que la ministra del Interior, Mónica Palencia, y su hija, en calidad de abogadas, recibieron autorización de la compañía Vinazin para que realicen diligencias legales y administrativas para obtener la aprobación y registro de la reforma del objeto social y del estatuto de la empresa.
Esa firma anunció que realizará el cerramiento del terreno de propiedad privada y desistirá de continuar con el resto de trabajos, pues, argumentó, no se puede permitir que se use la empresa con el fin de caotizar el sector y como bandera de intereses políticos.
“Estamos convencidos de que esta innovadora propuesta no solo planteaba empleo pleno para el sector, sino nueva visión arquitectónica, que además estimularía la creación de emprendimientos locales y ubicaría a Olón como un centro turístico internacional”, indicó en un comunicado.
En la Asamblea está previsto también que, con fines informativos, la ministra Fritschi asista al pleno para que detalle la concesión del registro ambiental a la empresa Vinazin S. A.
La Asamblea Nacional resolvió convocarla a comparecer para que explique siete puntos relacionados con los procedimientos administrativos y legales que se siguieron para otorgar el registro ambiental para la construcción de un proyecto habitacional en lo que sería un bosque protector ubicado en Olón (Santa Elena).
Aún no se ha fijado una fecha para este evento, pero la definirá el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, ya que es una de sus atribuciones.
La moción la planteó el legislador de la bancada de Construye Paúl Buestán y se aprobó con 115 votos en una sesión de este 8 de mayo de 2024, aunque no se sabe qué pasará después de esa comparecencia.
Las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa incorporaron como una de sus atribuciones poder convocar a los funcionarios con rango de ministro de Estado a comparecer en su seno.
El numeral 21 del artículo 9 de la norma señala que el Legislativo puede “disponer, con fines informativos y con el voto favorable de la mayoría absoluta, la comparecencia ante el pleno de ministros, secretarios o funcionarios con rango de ministro que ejerzan funciones de rectoría de la política pública, a petición de una bancada legislativa o de un legislador, con el apoyo de al menos el 10 % de los miembros de la Asamblea Nacional. La comparecencia de los demás funcionarios, con fines informativos, será dispuesta por mayoría simple a petición de una bancada legislativa o un legislador, con el apoyo de al menos el 5 % de los integrantes de la Asamblea Nacional”.
Su presencia en ese espacio será para referirse a la concesión del registro ambiental y otros siete temas que el pleno aprobó en su resolución.
API / DANIEL MOLINEROS Foto: API
Fritschi ya acudió en una primera ocasión el pasado jueves a la Comisión de Biodiversidad para detallar las acciones del Ministerio del Ambiente en el retiro de los mecheros que se usan en los proyectos petroleros en la Amazonía.
Ahí, el asambleísta Jorge Peñafiel, de la bancada de Construye, aprovechó para pedirle que revele cómo se otorgó la concesión a Vinazin, porque este es un tema de ética pública.
“Puedo decirlo, que no hay misterio. Una licencia se demora mínimo seis meses en ser emitida, y un registro ambiental, en dos días. En estos cinco meses, más de 1.700 permisos ambientales, alrededor de 21 licencias ambientales y más de 300 registros ambientales y unos 1.400 certificados ambientales. Se ha dado agilidad. Hemos triplicado la eficiencia en los permisos ambientales”, agregó.
Se marchó minutos después de las 16:00 sin responder algunas preguntas de los legisladores y tampoco de la prensa. (I)