Asamblea no puede aprobar extradición de costarricenses, dice abogado constitucionalista

El experto compareció esta mañana ante la comisión especial que analizará, durante 20 días hábiles, la propuesta de reforma constitucional planteada por el gobierno para permitir la extradición de ticos por casos de tráfico internacional de drogas y terrorismo.

Hoy, el artículo 32 de la Constitución establece que “ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional”. Con la modificación, se agregaría la frase “salvo que, en casos de tráfico internacional de drogas y terrorismo, haya sido decretada extradición por un tribunal de la República de Costa Rica conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en las leyes”.

Según Hernández, existe un problema de procedimiento que hace insalvable el proyecto. En el voto 2771-2003, la Sala Constitucional estableció que la Asamblea Legislativa está limitada en su capacidad de cambiar la Constitución, en el sentido de que no puede reducir, limitar ni eliminar derechos y garantías fundamentales.

Tampoco puede cercenar derechos políticos de los ciudadanos ni aspectos esenciales de la organización política y económica del país, dijo el abogado.

“Únicamente, mediante procedimiento de reforma general, regulado en el artículo 196 de la Constitución Política y en estricto apego a lo ahí dispuesto, se podría intentar una reforma de esta naturaleza”, expresó Hernández.

Ese numeral indica que una reforma general de la Constitución solo podrá hacerse mediante una Asamblea Constituyente. Añade que la ley para hacer la convocatoria deberá ser aprobada por votación no menor de los dos tercios del total de los miembros de la Asamblea Legislativa, sin necesidad de sanción del Poder Ejecutivo.

Hernández aseveró que, como la propuesta del gobierno pretende eliminar a un grupo determinado de costarricenses el derecho a no ser extraditado, evidentemente con este voto de la Sala IV este asunto no le compete resolverlo a esta Asamblea Legislativa.

“Es decir, no es un tema de fondo, es un tema de competencia”, agregó el constitucionalista.

Hernández dijo que la Asamblea Legislativa, como poder constituyente reformador de la Constitución, solo puede reformar los derechos fundamentales en dos sentidos: cuando crea nuevos derechos, por ejemplo, todos los creados desde 1949, o bien, cuando hay reforzamiento de la tutela de esos derechos, como lo hizo con la creación de la Sala Constitucional.

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