En redes sociales circula información de que un militar presentó un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) contra el presidente de la República Bernardo Arévalo y el ministro de la Defensa Henry David Sáenz Ramos por el tema de ascensos en el Ejército de Guatemala.
El amparo fue interpuesto por Miguel Estuardo Barrios Martínez, oficial con el grado de coronel de Infantería, diplomado en Estado Mayor.
Con la acción interpuesta se señala que se podría vulnerar el procedimiento de ascensos en la institución armada.
Barrios Martínez, de alta en el Ejército, en el amparo señala “el inminente riesgo y la amenaza que representa el ascenso al grado de General de Brigada de oficiales con el grado de Coronel” por no cumplir con el requisito que establece el artículo 12, del Decreto 14-2022.
Este decreto se refiere a las reformas al Decreto 72-90 del Congreso, Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala.
Resalta la “amenaza a una situación futura que pone en riesgo derechos y garantías constitucionales y violaciones a normas constitucionales y ordinarias”.
Además, “no existe una temporalidad, pues el acto violatorio no ha sido consumado y estas violaciones podrían acaecer el 25 de mayo de 2024”.
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Con la acción en la CC se pretende evitar que se violenten derechos fundamentales y constitucionales si se otorga el ascenso al grado de General de Brigada a propuesta del Ministerio de la Defensa.
Advierte que el presidente Arévalo, en su calidad de Comandante General del Ejército, podría otorgar ascensos este 25 de mayo y que “no cumplen los requisitos”.
Informa que el 31 de marzo recién pasado, el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, con instrucciones del ministro de la Defensa, emitió el instructivo que norma la convocatoria para el ascenso al grado de General de Brigada o su equivalente en la Fuerza de Mar, con efecto el 25 de mayo a oficiales con grado de Coronel.
También señala que la autoridad impugnada pretende otorgar ascensos al grado de General de Brigada a cuatro coroneles que actualmente ocupan cargos de viceministro de la Defensa Nacional, viceministro de Política de Defensa y Planificación, subjefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional y a un inspector general de Ejército.
Se consultó a Presidencia respecto de lo señalado por Barrios Martínez en el amparo, y dijeron, junto con el Ministerio de Defensa Nacional que el caso está judicializado, por lo que la CC es el órgano competente para determinar lo procedente.