Los 46 agentes de la Policía Nacional procesados por cargas desproporcionadas durante la jornada del referéndum independentista ilegal del 1-O en 2017 han sido amnistiados este martes. El juzgado de instrucción número 7 de Barcelona ha concedido la medida de gracia a los agentes en aplicación de la ley de amnistía. Los antidisturbios estaban acusados de delitos de lesiones y contra la integridad moral; este último delito está excluido de la amnistía, pero solo en supuestos muy concretos y de extrema gravedad, algo que, según el juez, no se dio en este caso.
El magistrado concluye que la actuación de los policías fue “de escasa duración” y se enmarcó en “un objetivo policial definido”: evitar que se celebrara el referéndum. Los supuestos abusos, insiste el auto, no se prolongaron “más allá de la propia maniobra policial de entrada y salida” de los colegios donde se producían las votaciones. Ningún hecho “superó el umbral de gravedad” que marca la ley para dejarlo fuera de la amnistía.
La Fiscalía de Barcelona, que solicitó en junio amnistiar a los policías investigados, recuerda en su informe que la ley de amnistía incluye de forma expresa “las acciones realizadas en el curso de actuaciones policiales” que pretendían impedir la celebración del 1-O. Ese día, siguiendo instrucciones políticas, mandos y agentes de la Policía golpearon a personas que se apostaban en las entradas de los centros de votación para impedir la entrada de los agentes. Una juez había ordenado a las fuerzas de seguridad adoptar “todas aquellas medidas que impidan la consecución del referéndum, sin afectar la normal convivencia ciudadana”.
La acusación contra otro grupo de 27 policías por las cargas del 1-O fue archivada por una jueza de Girona el pasado diciembre. La titular del juzgado de instrucción número 2 argumentó que se trataba de “delitos leves” que ya habían prescrito y que, en todo caso, a los agentes se les podía aplicar el apartado 7 del artículo 20 del Código Penal, que considera exento de responsabilidad criminal a quien “obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo”.
Una parte del independentismo ha criticado este martes que los agentes implicados en el operativo del 1-O se beneficien de la ley de amnistía. ERC ha mostrado su “disconformidad e indignación” porque considera que “las actuaciones policiales más graves deberían quedar excluidas de la amnistía al ser tratos degradantes y encajar con los delitos contra la integridad moral y torturas, que quedan explícitamente excluidos de la ley”.
El Gobierno de la Generalitat catalana, a través de su protavoz, Patrícia Plaja, ha defendido la aplicación de la ley “en todos sus ámbitos”. Plaja ha asegurado que la ley de amnistía “debe aplicarse en su totalidad, guste más o guste menos”, para, ha dicho, “acabar con la causa general contra el independentismo”. “Todo lo que cabe dentro de la ley obliga a que se aplique; el Govern no hace diferencias [entre colectivos], como sí hacen algunos órganos judiciales”. La portavoz ha señalado que la decisión del Tribunal Supremo de rechazar amnistiar la malversación del procés y mantener la orden de detención sobre el expresidente Puigdemont y otros cargos independentistas es “muy preocupante”. “Es un nuevo movimiento judicial para dinamitar la ley y menoscaba la separación de poderes. No son criterios judiciales, sino políticos”, ha opinado.
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