EDITORIAL
Amaños y rezagos en un país de extravíos
Debería presentarse en breve una glosa actualizada de proyectos viales, grado de avance, plazo estipulado y los pagos hechos a las empresas responsables.
A lo largo de los últimos 25 años, la infraestructura vial se ha convertido, de manera creciente, en un voluminoso, tentador y apetecido botín. Al inicio eran unos cuantos los que se beneficiaban de contratos. Pero conforme aumentaron los montos, los proyectos y las necesidades propias de un país en expansión competitiva, se fueron multiplicando los contratistas interesados. Y eso no era lo malo. El problema es que también crecieron los tentáculos de los amiguismos, las ambiciones y las camarillas de patrocinadores y financistas alrededor de presidenciables, gobiernos, diputados y alcaldes. Licitaciones y adjudicaciones fueron pervertidas o evadidas mediante extravíos legaloides.
Se llegó al colmo de obviar la prohibición a dueños de empresas constructoras para optar a cargos de elección, y así surgieron diputados con mano de retroexcavadora; en otros casos, tales compañías se pasaron a propiedad de familiares o apoderados, para cubrir apariencias, pero con la misma gazuza subyacente. Hace 12 años se aceleró la vorágine, con la llegada de un ministro de Comunicaciones y luego delfín presidencial, que trajo a Guatemala al gigante de la corrupción continental: Odebrecht. Presumía de supervisar proyectos personalmente, pero obviamente porque el beneficio tenía el mismo adverbio. Deleznable conducta y nefando modelo clientelar.
En el previo gobierno se adjudicaron obras viales urbanas a empresas que las dejaron a medias. Ahora que los hierros se herrumbran y la indignación vibra, reviven como zombis, diciendo que sí existen, que sí van a terminar los proyectos y hasta se victimizan, pero en realidad solo forman parte de ese patrón de asignaciones discrecionales, bajo laxa supervisión de avance, aunque eso sí con pagos millonarios reportados que no se reflejan en el progreso de los trabajos.
En los cuatro meses de gestión de la ahora exministra de Comunicaciones Jazmín de la Vega —cuya remoción fue anunciada la noche del viernes 17—, se anunciaron revisiones de avances e intentos de readjudicar proyectos incumplidos. La autorización de supuestos pagos improcedentes fue la causa invocada por el Ejecutivo para la destitución de De la Vega, quien debe dar su versión. En días recientes reapareció empresa que no estaba muerta, solo andaba desfinanciada. Lo llamativo es que recibió varias adjudicaciones del anterior gobierno, con todo y pagos sin supervisión adecuada.
El gobierno actual debería señalar a quiénes, bajo qué conceptos y en qué montos. Independientemente de quién le suceda, debería presentarse en breve una glosa actualizada de proyectos viales, grado de avance, plazo estipulado y los pagos hechos a las empresas responsables —o irresponsables, según el caso—. Este informe debe incluir incumplimientos y las causas esgrimidas, como pieza fundamental para rescisión de contratos y denuncias penales. Nexos con políticos, diputados, funcionarios pasados o actuales, cuantificación de daños y costo de oportunidad, lesividad o mala calidad de obra deben hacerse constar para cimentar una estrategia de Estado en favor de la transparencia y la mejora de infraestructura. Todas estas reyertas y daños demuestran la urgencia de la Ley de Infraestructura, largamente relegada por el oficialismo anterior, que quería reelegirse, pero fracasó por sus propios despropósitos. Para más señas del rezago, basta ver cómo sigue varada la reconstrucción de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, adjudicada en el 2021, pero cuyos trabajos se retrasaron debido al sabotaje de quienes buscaron quedarse con ese botín. Entretanto, la ruta sigue en ruinas y las víctimas reales son la productividad, la competitividad nacional y los ciudadanos.