A juicio de Fernández, este proyecto “representa una regresión en los derechos para quienes son las personas más vulnerables de nuestra sociedad, las mujeres y los niños, desconociendo las cifras que tienen que ver con violencia doméstica en nuestro país producida por los organismos oficiales del Estado uruguayo”.
La abogada estimó que, “al final de la fundamentación se dice que no se descartan otras modificaciones a la ley, que siempre se puede evaluar, algo que compartimos. Lo que no compartimos es que se pueda experimentar con la muerte, el asesinato de mujeres y también de niños, y después decir ‘bueno, capaz que esta política pública no está funcionando’ y dar una marcha atrás”.
“No parece serio y para nada garantista de los derechos que dice venir a proteger con esta modificación”, dijo.