Editorial
A tres meses del relevo constitucional de cortes
Un atraso en la designación impactaría en todo el proceso de cronograma, convocatoria y calificación.
Fueron muchas las dilaciones que atrasaron la designación de los actuales magistrados de Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones. A dichas situaciones se sumó una tardanza del anterior Congreso, sin duda marrullera, para proceder a una elección que tuvo luz verde desde mayo del 2020 pero no se efectuó sino hasta noviembre del 2023. Algunos diputados orondos, hoy opositores, que invocan corrección y cumplimiento de tiempos, fueron pesado lastre para la designación, que al fin se efectuó por orden de la Corte de Constitucionalidad y por ello estos magistrados solo fungirán unos 10 meses.
Tal anomalía nunca más debe repetirse, dado el exagerado plazo de casi una década que tuvo la anterior CSJ, que carga para la historia con el estigma de haber sido electa por contubernio y a cartón completo por los nefastos partidos Patriota y Líder, cuyos delfines pactaron sendas impunidades. Por desgracia, en el proceso de elección de cortes 2019 se detectaron los lazos de operadores ilícitos y las romerías de parlamentarios, magistrados y hasta postuladores indignos. Fue así como el proceso se vio pospuesto, por el intento de meter alfiles a la nómina de elegibles.
El 4 de julio último fueron juramentadas las dos comisiones postuladoras, para magistrados de CSJ y de salas de apelaciones, para el período 2024-2029, un proceso que tenía al menos tres meses de haber sido anunciado, que se esperaba desde inicios de año y que tiene una alta, casi inédita, observación nacional e internacional. No es para menos. Los intentos de sabotear la propia democracia en el 2023 y la alta demanda de combate a la corrupción, la inseguridad y la violencia doméstica, así como la exigencia de certeza jurídica y mejoras procesales, subrayan la necesidad de autoridades judiciales idóneas y eficaces.
No obstante, las primeras sesiones de ambas postuladoras se suspendieron, una este jueves y otra ayer, a causa de la ausencia de dos integrantes, dos decanos de Derecho que aún no han sido juramentados. En un caso fue por renuncia y en el otro porque estaba de viaje el día de la ceremonia de juramentación. Quizá sean simples e infortunadas coincidencias, pero en vista de la relevancia de este proceso cabe poner en tela de duda la celeridad del nombramiento de uno y la pertinencia real del viaje del otro. En todo caso, se trata de dos situaciones independientes cuya solución debe hallarse de manera inminente y conjunta, por las implicaciones para la institucionalidad del país.
El jueves 11 se suspendió la sesión de postuladora de CSJ debido a que dos integrantes de la misma plantearon la necesidad de que dicho cuerpo evaluador esté completo desde el inicio. La multiplicación de facultades de Derecho, una notoria estrategia empleada desde hace dos décadas para tener incidencia en este proceso, exhibe así una de sus desventajas. No obstante, el requisito figura en la Constitución y debe cumplirse. El artículo de la Carta Magna aclara que no puede haber representaciones al momento de votar, por lo cual contempla, de manera tácita, la posibilidad de ausencias. Sin embargo, para no entrar en digresiones leguleyas o generar ulteriores querellas interesadas, es mejor que se completen ambas postuladoras.
La de Apelaciones también suspendió ayer su primera sesión por el mismo motivo. Se solicitó al Organismo Legislativo juramentar a la brevedad posible a los dos integrantes que están pendientes. Uno ya existe y el otro está por conocerse. Un atraso en la designación impactaría en todo el proceso de cronograma, convocatoria y calificación para el cual hay un plazo establecido de ocho semanas.