Editorial
No más negociaciones lesivas ni a escondidas
De persistir en su negativa, Acevedo solo confirmará los mecanismos de intercambio de favores y otras prebendas nacidas del secretismo.
Bajo criterios estrictamente democráticos, es cuestionable cuando un político alarga su período de gobierno con amaños electorales. Regímenes despóticos, como los de Ortega-Murillo, en Nicaragua, o Maduro, en Venezuela, falsean procesos, al bloquear la inscripción de los opositores más fuertes. Aquí mismo, en Guatemala, el déspota Estrada Cabrera se reeligió —por 22 años— con más votos que votantes, y el dictador Jorge Ubico retuvo el poder a través de fachadas eleccionarias. Sin embargo, en ciertos grupos, como el magisterio guatemalteco, aún se tolera la estadía indefinida de dirigentes como Joviel Acevedo, quien en los últimos tres gobiernos presume como trofeo la foto con el mandatario de turno. Por eso mismo insiste ahora en una negociación secreta del pacto colectivo, algo que ha sido apañado por miedo o conveniencia, y con pésimos resultados.
Ahora que la actual ministra, Anabella Giracca, les solicita, con Educación, hacer pública la discusión de términos, brinca Acevedo con su previsible tono prepotente y frases agresivas contra la prensa. Pareciera que vive aún en aquel 2008 en que lo iban a desalojar por no laborar, una destitución de la cual se salvó. Curiosamente, el abogado magisterial, ya fallecido, era hermano de la entonces esposa del presidente Colom.
Con todo y eso, vivimos una era de fuerte demanda ciudadana de cuentadancia, en el post factum de una intentona politiquero-legaloide de romper el relevo democrático, y es en ese contexto en que el discurso jovielista queda caduco. Ante la solicitud de transparentar la negociación, hubo marcha de maestros. Varios grupos departamentales tomaron distancia. En el Congreso, Acevedo increpó a un periodista y le señaló que la prensa ofendía con sus críticas —como si no fuera empleado público—. Recuerda la reciente escenita del diputado Oswaldo Rosales, en Mazatenango, al agredir a dos reporteros.
Para hoy está prevista la solicitud de un amparo en favor de garantizar, por primera vez en muchos años, una discusión pública del pacto colectivo magisterial, toda vez que implica el destino de recursos de los contribuyentes. De persistir en su negativa, Acevedo solo confirmará los mecanismos de intercambio de favores y otras prebendas nacidas del secretismo. El presidente Bernardo Arévalo debe reiterar y mantener el aval hacia su ministra, con fundamentos legales y constitucionales para respaldar dicha postura. Los tribunales laborales, la Corte Suprema y la propia Corte de Constitucionalidad deben velar por el bien común y tener cuidado con cualquier fallo que implique ocultamiento de información pública o reforzamiento de marros clientelares.
Tampoco es cosa del otro mundo lo que debe contener el pacto: es justo y necesario dignificar a los maestros, que forman las mentes y modelan el potencial productivo del futuro. Pero no basta con proclamarlo, hay que hacerlo y tiene que comprobarse mediante evaluaciones objetivas, como la prueba Pisa, en la cual Guatemala ha tenido resultados lamentables. Todo incremento salarial debe estar sujeto a resultados concretos, medibles y documentados; además, se debe priorizar la contratación de maestros egresados de universidad, y no los recomendados de alcaldes o diputados que, por demasiado tiempo, han tenido un bolsón de plazas negociables a costa del erario.
Así también, los diputados de la Comisión de Educación y todos los del pleno deben estar advertidos de que la ciudadanía observa sus votos, no sus discursos. Si vuelven a socavar la Educación en nombre de fidelidades obtusas, sus nombres serán más públicos que nunca. Finalmente, existen muchísimos maestros brillantes, inteligentes, proactivos, innovadores, y ya es tiempo de que uno de ellos esté al frente del gremio.