El uso del dispositivo de control telemático como método alternativo a la prisión preventiva aún no es accesible para toda la población reclusa que puede optar a esa medida, debido a los costos que implica su utilización, por lo que los procesados prefieren pagar una caución económica, según el director del Instituto de la Defensa Público Penal (IDPP).
Durante una reunión entre el diputado José Chic, representantes del Colectivo Artesana y el director del IDPP, se informó que desde el 1 de junio de 2023 cuando se habilitó la opción del control telemático como una de las medidas para deshacinar las cárceles, solo 38 privados de libertad con opción a prisión preventiva utilizan el dispositivo.
Utilizar el dispositivo de control telemático tiene un costo de Q1 mil 500 mensuales y Q50 mensuales, lo que dificulta que todos los privados de libertad puedan acceder a ese beneficio, según Idonaldo Fuentes, director del IDPP, quien aseguro que trabajan en estrategias para lograr que incremente su uso.
El funcionario afirmó que se ha capacitado a los abogados de esa institución para que conozcan las ventajas del mecanismo. También afirma que el Ministerio de Gobernación (Mingob) presentará un proyecto ante el IDPP, el cual consiste en capacitar a los defensores en las sedes departamentales y municipales. Este proyecto permitirá hacer pruebas para verificar si los aparatos pueden funcionar en aldeas lejanas del país.
Difícil acceso
Fuentes citó como ejemplo el caso de un procesado que optó por utilizar el dispositivo, aunque solo pudo costearlo durante tres meses, por lo que la mayoría prefiere pagar una caución económica si el tipo de delito lo permite.
“Prefieren pagar Q5 mil por un proceso que va durar semanas, meses o un año, y no estar pagando mil 500 cada mes, es por esa razón que en determinado momento los usuarios del Instituto optan por pagar la caución económica”, explicó.
Agregó que el Mingob y el Organismo Judicial reactivarán los estudios socioeconómicos de los reos para quienes quieran y tengan opción de utilizar el mecanismo.
“Se han hecho estudios por parte de control telemático, en donde se logró establecer que para el Estado, es más barato pagar mil 500 mensuales por la utilización del dispositivo, que tener a las personas en un centro de privación de libertad y cubrir costos de alimentación”, acotó.
Andrea Barrios, representante del Colectivo Artesana, indica que han recibido información que en los centros de privación de libertad para mujeres circulan listas de quienes pueden aplicar al control telemático, por lo que pidieron al Sistema Penitenciario efectuar investigaciones para no confundir a las reclusas.
“Tenemos preocupación por esa expectativa que se genera y que puede provocar que ellas renuncien a la defensa pública, y luego retomar los procesos es complicado”, afirmó.
Según el Código Procesal Penal, no puede otorgarse medida sustitutiva para quienes incurran en homicidio, asesinato, parricido, violación, secuestro, robo agravado, sabotaje, delitos contra el patrimonio, entre otros.
El control telemático aplica para los delitos cuya pena no pasa de los cinco años. Tampoco se puede imponer sin la voluntad del procesado.
Prematuro
Corinne Dedik, analista en sistema carcelario del Cien, afirma que las tobilleras electrónicas son una herramienta útil para tener mejor control de la medida sustitutiva, y aunque hay desconocimiento de jueces, fiscales y abogados, es “prematuro” decir que el sistema no funciona y hay que esperar que los involucrados se informen y experimenten todo lo que conlleva este procedimiento.
“Hay que dar tiempo, porque un juez dictará conforme se presenten casos en los que se considere apropiado el control telemático”, expresó.
Según análisis del Cien, en el sistema penitenciario hay 10 mil reclusos en prisión preventiva, de los cuales dos mil podrían aplicar al control telemático por el tipo de delito que enfrentan.
“Si no contamos a las personas que están en prisión por delitos que no permiten medidas sustitutivas, más los reincidentes y otro porcentaje que no aplica por peligro de fuga, estimamos que dos o tres mil internos pueden aplicar a la tobillera electrónica, pero al final el juez es el que decide”, dice Dedik.
Para la especialista, el control telemático también debería aplicarse a quienes ya cumplieron más de la mitad de su condena y pueden entrar a un proceso de libertad controlada, así como en los casos de violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer, como medida de protección para cerciorarse que los agresores no se acerquen a la víctima.
Dentro de los que utilizan el control telemático figura un recluso a quien se le concedió el beneficio debido a que padece una enfermedad terminal.
Características
El dispositivo que se coloca en los tobillos es resistente al agua, tiene un peso de 68 gramos y funciona por carga inalámbrica. Las correas de fijación al tobillo tienen un material de fibra con refuerzo de acero, lo cual lo hace resistente al querer quitar o cortar.
También es hipoalergénico, lo que significa que el material que está en contacto con la piel no producirá ningún tipo de alergia.
El acuerdo que autoriza el uso del control telemático establece que si el condenado no cuenta con la suficiente capacidad económica para costear el mecanismo, el juez ordenará que el Ministerio de Gobernación sufrague el costo del dispositivo de control telemático.