El presidente, Bernardo Arévalo, busca el respaldo de la Corte de Constitucionalidad (CC) para hacer públicas las negociaciones del pacto colectivo del Ministerio de Educación; pero su opinión consultiva carece de respaldo constitucional, según el criterio de abogados consultados.
El pasado 15 de mayo el presidente Bernardo Arévalo presentó una consulta a la CC y formuló tres preguntas que buscan saber si las negociaciones sindicales pueden ser consideradas como temas de confidencialidad.
Actualmente, el Ministerio de Educación y el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (Steg), encabezado por Joviel Acevedo y el que más afiliados tiene, avanzan en las negociaciones para un nuevo pacto colectivo, en medio de sesiones que no son públicos por cláusulas de confidencialidad que impiden su publicidad.
La discusión
El caso fue conocido por el pleno de magistrados constitucionales el pasado 10 de julio, pero antes de resolver solicitaron informes a la Presidencia de la República.
Cuatro de los cinco magistrados titulares que conocen el caso respaldaron el requerir nuevos documentos. Algunos magistrados tendrían hasta ahora algunas dudas sobre si el tema puede ser tratado como materia constitucional.
La CC requirió a la Presidencia el pasado miércoles e impuso un plazo no mayor de cinco días, los motivos en los que se fundamentó la solicitud de confidencialidad de las negociaciones del pacto, y que explique qué tipo de documentos, actuaciones y diligencias pueden considerarse como confidenciales.
Si en el plazo impuesto la Presidencia no responde, se desestimará la opinión consultiva.
La única que no respaldo el requerir mayor información previa a resolver fue la magistrada Leyla Lemus. Ella es la ponente del caso y su voto fue disidente en la resolución del expediente 2964-2024, que requirió la información y emplazó a la Presidencia de la República.
Sin respaldo
Abogados expertos en la materia constitucional también dudan del respaldo de la consulta, ya que consideran que por ser un tema administrativo puede ser resuelto directamente por el Organismo Ejecutivo sin tener que acudir a las Cortes.
“Es una muestra de la debilidad del carácter del presidente. La constitución es bien clara al decir que todos los actos de la administración pública son públicos, sin confidencialidad, ah no ser que por seguridad del Estado y aquí no se cumple ese requisito”, dijo el constituyente Aquiles Faillace.
Además de ver que la consulta carece del respaldo constitucional para ser resuelta, Faillace detecta otro problema: las negociaciones continúan en secreto.
“Ese es un gran problema, porque si el presidente quiere publicar y ser transparente en las negociaciones no continúa con ellas; pero si él no quiere publicar las negociaciones, que sigan en secreto”, dijo el constituyente.
Quien también observa debilidades en la acción jurídica de la presidencia es el abogado Francisco Quezada, analista jurídico del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), que duda que la CC tenga competencia en este tema.
“Este tipo de consultas no pueden ser evacuadas por la CC. La Corte es solo para temas constitucionales, de interpretación constitucional, más no resolver asuntos administrativos. Creo que el propósito de la consulta no va a encuadrar y la CC podría determinar que no se llenan los presupuestos”, explicó Quezada.
El abogado del Cien considera que la estrategia de la Presidencia podría tener una segunda intención de fondo, debido a que es una acción que tiene un plazo amplio para ser resuelto.
“Creo que están ganando tiempo, porque el pacto colectivo va caminando y llegará el punto en que lo van a suscribir (…) para decir que fui activo en el tema de quererlo transparentar, pero volteó a otras autoridades que no le dieron la anuencia”, reflexionó Quezada.
Pocas opciones
La confidencialidad del pacto colectivo de Educación ya ha llegado a las Cortes, pero sus resoluciones no han sido las más favorables.
El abogado constitucionalista Édgar Ortiz presentó un primer amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en busca de la transparencia y publicidad del documento, pero el pleno judicial suspendió su acción de amparo.
Ahora, con la opinión consultiva del presidente, Ortiz considera que de ser resuelta quizá no daría una respuesta concreta a la discusión del pacto colectivo de Educación.
“La opinión consultiva para comenzar no es vinculante, solamente es una guía para límites o alcances de interpretaciones. Las preguntas que plantea el presidente tienen un valor a futuro respecto de la interpretación de las negociaciones con los pactos colectivos”, argumentó Ortiz.
El abogado presentó una segunda acción de amparo sobre el mismo tema, pero ahora ante la CC, de la que no ha tenido mayor notificación luego de ser admitida a trámite.
Sin postura
La CC le dio un plazo de cinco días a la Presidencia para enviar los informes necesarios para responder la opinión consultiva del presidente.
Se trató de conseguir la postura del secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, para saber si podrían entregar en tiempo los documentos, ya que de no hacerlo, la consulta quedaría desestimada.
También se buscó su opinión ante las dudas expuestas por los abogados acerca de las bases legales de la opinión consulta, pero no fue posible concretar la comunicación con el funcionario del Organismo Ejecutivo.
El sindicato de educación de Joviel Acevedo también accionó ante la CC por la suspensión del seguro médico escolar. Presentó un amparo que no fue otorgado y una acción de inconstitucionalidad por la decisión del Ejecutivo, la cual no ha sido resuelta en definitiva.