El Estado uruguayo enfrentó en 2023 demandas por alrededor de 100 millones de dólares por amparos judiciales por medicamentos de alto precio.
Desde 2005 se incorporaron a las prestaciones del Fondo Nacional de Recursos los medicamentos de alto precio y técnicas, pero algunos medicamentos no se obtienen como establece la normativa. De ahí que surgió un proceso de judicialización de la Salud que aumenta año a año por amparos judiciales contra el Ministerio de Salud Pública.
Actualmente, el 52% del gasto en amparos se concentra en tres laboratorios y uno de ellos absorbe más del 28%. Además, el el 43% de las demandas se concentra en cinco productos de un total de 150.
Debido al incremento desmedido de precios por parte de la industria farmacéutica
el Gobierno conformó una mesa de negociación entre el MSP, FNR y Ministerio de Economía.