Tras cinco años y medio con el mandato caducado, el PSOE y el PP han pactado este martes en Bruselas, con la mediación de la Comisión Europea, la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Estas son las claves del acuerdo:
Lo que no cambia. El acuerdo se ha hecho con la ley vigente, a pesar de que durante años de negociaciones, el PP se negó a renovar el Consejo General del Poder Judicial como había hecho siempre y exigía una nueva ley para cambiar el método de elección de los miembros del órgano de gobierno de los jueces, pese a que cuando Mariano Rajoy gobernaba con mayoría absoluta, no quiso modificarla. El acuerdo firmado este martes es muy similar al que estuvo a punto de cerrarse hace año y medio, cuando el PP se echó para atrás. De hecho, el líder del PP ha recibido presiones desde dentro del partido —fundamentalmente de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso—, y de fuera —su competencia por la derecha, Vox, y los medios afines— para no sentarse a negociar nada con el PSOE, incumpliendo el mandato constitucional de renovar cada cinco años al Consejo.
Lo que cambiará. Junto al acuerdo para renovar con la ley vigente al Consejo General del Poder Judicial, los representantes del PSOE y el PP han pactado tramitar por el procedimiento de urgencia una proposición de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto del Ministerio Fiscal para introducir algunos cambios respecto al sistema actual. Así, en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor, el Consejo General del Poder Judicial deberá realizar un estudio sobre los sistemas europeos para la elección de vocales en órganos análogos y una propuesta de reforma que tendrá que ser aprobada por tres quintos de los vocales recién elegidos y ser remitida al Gobierno, al Congreso y al Senado. Serán, además, los miembros del Consejo quienes elegirán a su presidente, que lo es también del Supremo —hasta ahora ese nombramiento se incluía en la negociación política para renovar el organismo—.
Puesta en escena. Esteban González Pons y Félix Bolaños, han comparecido en Bruselas por separado, en sendas ruedas de prensa ante la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario, Věra Jourová, que ha hecho de madrina del acuerdo. Los representantes del PSOE y del PP en la negociación sí se dieron un apretón de manos ante las cámaras y González Pons llegó a decir que, tras dos años de negociación con el actual ministro de Justicia del Gobierno, aquello era “casi el principio de una amistad”. Preguntado por el formato de la comparecencia, Bolaños respondió que no sabía por qué habían salido por separado.
El relato del PSOE. Bolaños subrayó la “anomalía constitucional” que suponía la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial, de la que los socialistas han culpado al PP. El ministro de Justicia recordó que cuando el PSOE estaba en la oposición y el PP gobernaba con mayoría absoluta no hubo problemas y subrayó que el acuerdo se había hecho, en contra de lo que los populares exigieron durante un tiempo, con la ley actual vigente. También se detuvo Bolaños en recordar el daño que esa falta de acuerdo había supuesto: “Cada año de bloqueo ha tenido un coste superior a los 12 millones de euros para las arcas públicas”. Bolaños tuvo palabras de agradecimiento para los representantes europeos que hicieron de mediadores, para el PP y para el presidente Pedro Sánchez, que, según dijo, siempre le había apoyado, incluidos los “momentos muy difíciles” de la negociación con el PP.
El relato del PP. El eurodiputado electo Esteban González Pons, al que Feijóo encomendó las negociaciones con el PSOE sobre el Consejo General del Poder Judicial, prefirió centrarse en los futuros cambios, ya que su partido se había negado repetidamente a renovar el órgano de gobierno de los jueces con la ley vigente, como ha hecho finalmente este jueves. Por ese motivo, en su intervención en Bruselas, cayó en alguna contradicción con el propio discurso del PP de los últimos meses, antes del ultimátum de Pedro Sánchez, quien anunció que tomaría medidas si los populares persistían en el bloqueo. “La justicia española es más independiente”, declaró González Pons. “Inicia el camino de una vida alejada de la política y de la influencia de los políticos”, añadió. El representante popular, en línea con el discurso de Feijóo, no respaldado por Von der Leyen, atribuyó a la Comisión Europea un papel de “supervisión del Estado de derecho en España”, deslizando que está en peligro por el Gobierno de Sánchez. “Para nosotros es muy importante contar con esa garantía de la Comisión Europea. Si no, no habríamos firmado”, dijo. La propia vicepresidenta de la Comisión limitó su papel en la negociación: “Yo no diría que hemos hecho un arbitraje. Hemos sido mediadores a petición de España”. Pons, consciente de las presiones internas y externas, aseguró que el acuerdo cumple en buena parte con las medidas que el PP planteó hace dos años.
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Antecedentes y acuerdos ‘interruptus’. “Ha habido muchos documentos, en cinco años ha habido centenares de documentos, de borradores de acuerdo”, ha recordado Bolaños esta tarde. En 2018, siendo Pablo Casado el líder de los populares, el PP y PSOE llegaron a un acuerdo para renovar el Consejo que se frustró al filtrarse unos wasaps del entonces portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó, jactándose de haber logrado, gracias a ese pacto, controlar el Supremo “por la puerta de atrás”. Al conocerse esos mensajes, reconocidos por el portavoz popular en la Cámara alta, Manuel Marchena, que iba a dirigir el órgano de gobierno de los jueces y el Supremo, renunció al cargo. En agosto de 2022, EL PAÍS publicó el documento firmado por Bolaños y el entonces secretario general del PP, Teodoro García Egea, en octubre de 2021, para modificar la ley orgánica del Poder Judicial, de forma que se pudiera desbloquear el nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional. El PP de Feijóo, que en su primer discurso como presidente del partido prometió acuerdos, se desentendió de aquel acuerdo.
España hace 2.030 días. El Consejo General del Poder Judicial debía haber sido renovado el 4 de diciembre de 2018, cuando se cumplieron los cinco años de mandato que establece el artículo 122 de la Constitución. Salvo los que decidieron dimitir para intentar forzar a los principales partidos a llegar a un acuerdo (Carlos Lesmes, presidente del organismo, en octubre de 2022, y Concha Sáez, vocal progresista, en marzo de 2023), los componentes del órgano de gobierno de los jueces llevan desde diciembre de 2013 en el cargo, más de la mitad de ese tiempo con el mandato caducado. La portada de EL PAÍS del 4 de diciembre de 2013, cuando el Consejo debía haber sido renovado, da cuenta de todo lo que ha cambiado en el largo tiempo transcurrido: la principal noticia era la negociación entre Juanma Moreno, del PP, y Juan Marín, de Ciudadanos, para formar un gobierno bipartito en Andalucía después de que el PSOE perdiera 15 escaños en las elecciones autonómicas. La comunidad fue el escenario del primer pacto con la extrema derecha, en aquel entonces, todavía no para entrar en el Gobierno. Ciudadanos, el socio del PP, ha desaparecido prácticamente, tras cambiar tres veces de líder; los populares, dos (Pablo Casado y Alberto Núñez Feijóo). Hoy Moreno gobierna con mayoría absoluta en Andalucía; Albert Rivera y su sustituta, Inés Arrimadas, han dejado la política, y el PP se ha llevado el grueso de los votantes de Ciudadanos, aunque no ha podido desinflar a Vox, partido que aquel 2013 no quería entrar en los gobiernos, y ahora, con el visto bueno de Feijóo, lo hace en cinco comunidades autónomas.
Lo que queda por acordar. Preguntado por si el pacto puede extenderse o abrir la vía para facilitar otros acuerdos en organismos también pendientes de renovar como el Banco de España, la CNMC o RTVE, Bolaños, aseguró que no había otros acuerdos, pero el clima de diálogo “favorece” que sigan hablando. En una comparecencia específica para hablar de la renovación del Poder Judicial, anticipándose a las críticas internas y externas que puedan surgir, el propio Feijóo ha declarado esta tarde: “Habrá gente que se preguntará por qué hemos pactado con todo lo que estamos viviendo en España. Pero nosotros sabemos distinguir la lealtad institucional de la oposición al Gobierno”. Preguntado por si había un “nuevo clima” en su relación con el PSOE, añadió que era “pesimista”.
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