Bogotá. El gobierno de Colombia se ve envuelto en un escándalo debido a acusaciones de espionaje ilegal contra magistrados de la Corte Constitucional. El presidente Gustavo Petro negó vehementemente, este lunes, utilizar los servicios de inteligencia para tales propósitos.
La revista Semana informó el pasado fin de semana que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez presentó una denuncia ante la Fiscalía, alegando que “organismos de inteligencia del Estado” interceptaron sus comunicaciones.
Petro refutó estas acusaciones en la red X, declarando: “Desde el primer día de gobierno, la instrucción del presidente a los organismos de inteligencia ha sido no utilizarlos contra la oposición, la prensa o las cortes”, escribió.
Ibáñez afirmó además que algunos de sus magistrados auxiliares también fueron objeto de interceptaciones, y no descartó que otros colegas suyos en la Corte Constitucional estén enfrentando la misma situación.
Ante estas graves acusaciones, la Fiscalía anunció la apertura de una investigación sobre las presuntas ‘chuzadas’, término utilizado en Colombia para referirse a escuchas ilegales.
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El presidente Gustavo Petro niega rotundamente acusaciones de espionaje ilegal a magistrados de la Corte Constitucional en Colombia.(Foto: JUAN BARRETO / AFP) (JUAN BARRETO/AFP)
Control sobre la Corte
“Desde hace varios meses, mis comunicaciones, especialmente mi teléfono celular, han sido intervenidas (…) fuera de los marcos jurídicos”, escribió Ibáñez en una carta dirigida a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y filtrada por Semana.
En su defensa, Petro asegura que el Departamento Nacional de Inteligencia (DNI) “no cuenta siquiera con dispositivos de interceptación de servicios de telefonía privada”. No obstante, la Presidencia anunció una investigación interna.
La revista Semana afirmó que un general, bajo anonimato, le confirmó que tales interceptaciones sí se realizaron.
Las denuncias contra el gobierno surgen en un momento en que Petro insiste en la convocatoria de una asamblea para modificar la Constitución.
La oposición acusa al primer presidente izquierdista de Colombia de intentar eludir el poder de los altos tribunales.
El expresidente Iván Duque (2018-2022), por ejemplo, sostiene que Petro busca controlar la Corte Constitucional para lograr la aprobación de una reforma constitucional que permita extender su mandato más allá de agosto de 2026. Actualmente, la ley prohíbe la reelección.
En febrero, seguidores del gobierno bloquearon los alrededores de la sede de la Corte Suprema de Justicia cuando sus magistrados debían elegir un nuevo fiscal general de una terna presentada por el presidente. Los jueces del tribunal supremo denunciaron un “asedio” por parte de los manifestantes.
En el pasado, los servicios de inteligencia se utilizaron para espiar a políticos de izquierda, representantes de organizaciones sociales, periodistas y también magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
El posible espionaje sería paradójico para Petro, ya que en 2020 un tribunal determinó que el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) realizó escuchas ilegales en su contra entre 2006 y 2009, cuando era senador de la oposición.
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Inspección
Este lunes se abrió un nuevo capítulo en otro escándalo por presunto espionaje del gobierno: La Fiscalía General Penal Militar y Policial informó en un comunicado que realizó una inspección judicial en la Casa de Nariño, la sede de gobierno en Bogotá.
Los agentes buscaron “material probatorio y evidencia física” en el marco de una investigación por las presuntas escuchas ilegales el año pasado a Marelbys Meza, niñera de la mano derecha del presidente, Laura Sarabia.
Tras el robo de un maletín con miles de dólares de la casa de Sarabia, Meza fue interrogada con polígrafo en la sede presidencial y luego fue víctima de interceptaciones a sus conversaciones telefónicas, aparentemente con la venia del gobierno.
El Ejecutivo hizo uso de un informe falso de la policía que la vinculaba con narcotraficantes, según reveló la fiscalía a mediados de 2023.
Sarabia, quien fungía como jefa de gabinete de Petro, dejó su cargo semanas después de esas revelaciones.
Sin embargo, en febrero pasado fue nombrada al frente del Departamento de Prosperidad Social, una entidad que maneja un vasto presupuesto del Estado.