Violencia de género: pandemia social



Me uno al llamado de las 38 diputaciones para convocar y aprobar un grupo de leyes cuyo propósito es luchar contra la violencia hacia las mujeres. No necesitamos pruebas, las vivimos cada día con la muerte de más mujeres, y esta es tan solo la punta del iceberg.

Como bien señalaron los diputados y cuatro colectivos de mujeres a los que me sumo, estamos viviendo un verdadero infierno de violencia y no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Sorprende que cuatro diputados oficialistas, entre ellos una mujer, no se hayan sumado a la solicitud. No extraña la renuncia de la jerarca del Instituto Nacional de las Mujeres, sin herramientas ni apoyo de su mismo gobierno.

Los números son realmente alarmantes. Según un estudio del Programa de las Naciones Unidas del 2023, el 25 % de la población ve como justificable que un hombre golpee a su esposa o pareja sentimental, lo que evidencia la inseguridad que viven las mujeres con aquellos llamados a protegerlas.

Según el Observatorio de Violencia de Género, cada día 136 mujeres piden medidas de protección, y este año han ocurrido dos feminicidios al mes. El peor año fue el 2022, con 30 muertes de esta naturaleza. Vemos otra cara de la tragedia: del 2016 al 2024 quedaron 274 huérfanos por feminicidios, un 70 % de los cuales eran menores de edad.

Insisto: esta es la punta del iceberg. Según datos del Estado de la Justicia, las agresiones sexuales contra las mujeres siguen siendo el eslabón más débil de la justicia, y no existe una cuantificación certera de los otros tipos de violencia: patrimonial y psicológica (la más frecuente, pero difícil de demostrar).

Dichosamente, se aprobó una legislación contra la violencia política de la que son víctimas las mujeres por ser mujeres con poder.

Resulta inaudito que el presidente, importante en el imaginario social, diga que hay que proteger “a las mujeres que a veces sufren de violencia innecesaria”, dando a entender que hay otras situaciones en que es necesaria. En México celebran como un gran avance que ninguna persona condenada por violencia de género puede ocupar un puesto público.

Por las mujeres y las niñas, es urgente la aprobación de las 10 leyes para acompañar con acción el lema “Ni una menos”.

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La autora es politóloga, miembro del Advisory Board del Wilson Center en asuntos para América Latina.

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