La Sala IV declaró sin lugar un recurso de amparo interpuesto por el exdiputado Otto Guevara Guth en contra de la Fiscalía General y la Contraloría General de la República (CGR).
En el recurso, el político solicitó que se anulara la acusación por la cual fue condenado a dos años de prisión, por omitir ante la Contraloría su participación como director y dueño de una empresa en Islas Vírgenes Británicas, con una cuenta bancaria en Hong Kong.
El 29 de noviembre del 2022, el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública encontró a Guevara culpable de cuatro delitos de falsedad en declaraciones juradas. Ahora, el caso está en apelación.
Ante los magistrados de la Sala IV, el exdiputado del Movimiento Libertario alegó que la CGR y el Ministerio Público violaron su derecho al debido proceso y a los principios de igualdad y legalidad, porque nunca le solicitaron aclaraciones ni lo previnieron de lo que estaba sucediendo con sus declaraciones juradas de bienes.
Sin embargo, la Sala IV concluyó que, en este caso, ya consta una resolución penal y el artículo 30 de la Ley de Jurisdicción Constitucional le impide conocer, vía recurso de amparo, argumentaciones que ya se conocieron en un tribunal ordinario.
“Independientemente de que la CGR haya prevenido o no al recurrente, lo cierto del caso es que la prevención no incide ni tiene efecto sobre la pretensión principal del accionante (la anulación de la acusación penal). En consecuencia, se declara sin lugar el recurso”, se consignó en el fallo 2024-001524.
Declararon sin lugar el recurso los magistrados Fernando Castillo, Fernando Cruz, Paul Rueda, Luis Fernando Salazar, Ingrid Hess y Jorge Araya. La magistrada Rosibel Jara salvó el voto.
Guevara, por su parte, restó importancia a la resolución. Dijo que solo presentó el amparo para evidenciar la violación al principio de igualdad. Alegó que él es el único exfuncionario procesado penalmente por la Fiscalía, pese a que hay más de 3.000 personas omisas en sus declaraciones de bienes.
Ante consultas de La Nación, agregó que el caso ya se encuentra en la Sala III, donde presentó un recurso de casación contra el fallo del Tribunal Penal de Hacienda. La oficina de prensa del Poder Judicial confirmó que la apelación se tramita bajo expediente N.° 18-000040-0033-PE y está en estudio de admisibilidad.
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¿Por qué se le condenó?
La Fiscalía acusó a Guevara porque desde el 1.° de mayo del 2014, cuando asumió como diputado, estaba obligado a presentar una declaración jurada ante la CGR, en la que incluyera la totalidad de su patrimonio. Esa declaración debía actualizarla anualmente, según lo establecen los artículos 21 y 36 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito.
Sin embargo, en las cuatro declaraciones presentadas a lo largo de su periodo (2014-2018), no declaró la existencia de una empresa en el extranjero.
Guevara omitió reportar que, desde el 21 de junio del 2011, es dueño de la sociedad AS-LAT Trading Corporation, creada en Islas Vírgenes Británicas. Ese día, él adquirió 50.000 acciones de la compañía, valoradas en $1 cada una.
Los jueces le impusieron seis meses de prisión por cada uno de los cuatro delitos de falsedad en declaraciones juradas. No obstante, la sentencia se redujo a un año y seis meses debido a las reglas del concurso material.
Dichas reglas establecen que, cuando una persona comete más de un delito en diferentes momentos, “se sanciona sumando las penas que corresponden a cada delito, sin que esta suma pueda superar el triple de la pena mayor”.
Guevara no cumple prisión gracias al beneficio de ejecución condicional de la pena por tres años. Además, fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por un año y seis meses.
Argumentos de la CGR y el Ministerio Público
Ante la Sala Constitucional, el fiscal general, Carlo Díaz, explicó cómo se gestó la acusación en contra del exdiputado libertario. Precisó que el caso se presentó bajo la gestión de su antecesora, Emilia Navas, con motivo de las pesquisas del caso conocido como cemento chino.
Detalló que, durante un allanamiento al despacho de Guevara en la Asamblea Legislativa, se decomisó información que lo vinculaba con la sociedad en Islas Vírgenes Británicas y cuentas bancarias en el Banco HSBC en Hong Kong.
Posteriormente, la Fiscalía recibió información de la CGR sobre posibles alertas detectadas en las declaraciones juradas de varios funcionarios públicos vinculados con ese caso, incluido Guevara.
“Es claro que el Ministerio Público, ante cualquier notitia criminis, tiene la obligación de investigar de acuerdo a sus atribuciones legales (…), por lo que es insólito pensar siquiera que el Ministerio Público no pueda actuar de forma oficiosa y, por el contrario, deba solicitar algún tipo de permiso de algún otro órgano o ente del Poder Judicial”, dijo Díaz.
La CGR, por su parte, aclaró que el artículo 82 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito les permite prevenir a los declarantes en caso de omisión o confusión en los datos, pero esta competencia solo se aplica a faltas administrativas y no a responsabilidades penales, como en el caso de Guevara.